El pasado viernes se realizó en la Facultad de Trabajo Social la charla “Trabajo sexual y feminismo”, donde disertaron Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), y la secretaria del gremio en Entre Ríos, Norma Torres., registró AIM.
En el marco de un debate cada vez más presente y necesario, la referente del movimiento de trabajadoras sexuales expuso con meridiana claridad las discusiones que en este momento atraviesan la organización. En este sentido Orellano comentó a esta Agencia los debates que discurren hacia su interior: “Hemos dado un gran paso y una gran maduración con discusiones internas hacia dentro del movimiento, con compañeras de base, que comenzaron a acercarnos su preocupación, sobre todo por el estigma que hay sobre nuestra ocupación, por lo que nos encontramos en este proceso de elaborar un nuevo proyecto de Ley teniendo en cuenta todas estas miradas, que sea amplio, que incluya no sólo la modalidad de trabajo sexual en vía pública y departamentos privados, sino también otras modalidades: trabajadoras sexuales que trabajan por internet, a través de la webcam, en bares, en boliches,trabajadoras sexuales que son actrices en la industria de la pornografía. Ese es el proceso por el que está pasando nuestra organización. Más allá que en algunas provincias siguen vigentes y en discusión parlamentaria otros proyectos de Ley. Ammar Entre Ríos por ejemplo, presentó un proyecto en el 2016 con la diputada Gabriela Lena.Este año queremos lograr discutirlo y poder modificar algunas cuestiones, sobre todo para lograr consensos con otras bancas, con otros diputados, y que sea de apoyo amplio.”</img4696|center>
No es la primera vez que Ammar presenta un proyecto de Ley para que el trabajo sexual sea reconocido. En julio de 2013 se presentó un proyecto nacional, pero como afirma Orellano: “No hubo maduración política para debatir el proyecto desde la mirada que la organización quería y quiere, que es una mirada de perspectiva laboral y no desde cuestiones moralistas (como efectivamente fue debatido). De todas maneras el proyecto se cajoneó y prescribió en el año 2015. Por eso en este momento nos encontramos en proceso de elaborar un nuevo proyecto que tenga más una perspectiva de derechos laborales y no una mirada reglamentarista como tenía el primero que nosotras presentamos, donde muchísimas obligaciones recaían sobre nuestras compañeras como la libreta sanitaria, registro único de trabajadoras sexuales que dependiera del ministerio de Trabajo, credenciales, etc.”.
El nuevo proyecto contempla, por ejemplo, la posibilidad de asociarse y de que haya terceras partes, como sucede en el caso de aquellas personas contratadas para encargarse de la limpieza, la atención al cliente, etc. La ley 26.842 (de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas) significó para el colectivo de trabajadoras sexuales un gran problema, ya que, como comenta Orellano, muchas veces terminaban presas personas que colaboraban o eran contratadas por trabajadoras sexuales. Casos donde, por ejemplo, la persona que figuraba en un alquiler, en algún servicio o que eran contratados como seguridad, terminaban presos y con procesos judiciales iniciados en el marco de esta Ley. En este sentido el proyecto presentado por Ammar intenta subsanar las confusiones legales que resultan de la falta de una legislación que reconozca el trabajo sexual (y todo lo que puede derivar de él). Sin embargo, como sostiene Torres, muchos son los sectores que se oponen a este cambio de paradigma. Sin ir más lejos, en Entre Ríos “varias puertas se han cerrado, y con llave” afirmaba Torres en su exposición. Es sabido que Entre Ríos es una provincia sumamente católica y sus funcionarios y representantes políticos no se ven exentos de las grandes presiones que esta institución ejerce (la no implementación de la Educación Sexual Integral es unamuestra del poder religioso en nuestra región). Paradójicamente, también es una provincia con organizaciones feministas y Lgbtq altamente activas y desarrolladas, y donde Ammar nuclea a más de 450 trabajadoras sexuales. En esta ambivalencia se mueve el feminismo entrerriano y la lucha de las compañeras trabajadoras sexuales.
Dentro del feminismo argentino, el abolicionismo ha marcado significativamente las líneas de discusión y las políticas públicas que se reclaman al Estado. Paraná es un claro ejemplo de continuidad en las medidas abolicionistas, desde el cierre compulsivo de whiskerías realizado en la gestión anterior, hasta la fervorosa oposición de la actual titular de la subsecretaría de la Mujer, Graciela Mántaras, al establecimiento de un camión sanitario para la atención de salud integral para las trabajadoras sexuales en febrero de este año. Esta actividad incluso casi fue suspendida por una denuncia presentada ante la dirección Nacional de Atención Comunitaria del ministerio de Salud a cargo de Cristina Echegoyen. Gracias a la presencia e insistencia de Orellano y Torres la actividad pudo desarrollarse con normalidad. En la charla del pasado viernes ambas coincidían en la importancia que tiene para este colectivo la posibilidad de tener una atención integral que no sea estrictamente en el hospital: “Muchas trabajan de noche y no pueden hacer las filas interminables para sacar turnos en los hospitales que comienzan a las 4 o 5 de la mañana. Otras no quieren ir porque tienen vergüenza o han sufrido algún tipo de discriminación al intentar ser atendidas en los hospitales públicos. Más allá de las particularidades que impiden la atención plena de las trabajadoras sexuales en los hospitales, el acceso a la salud es un derecho y el camión fue pedido y exigido desde Ammar e incluía dentistas, pediatras (para aquellas trabajadoras madres que querían llevar a sus hijos), la posibilidad de realizarnos mamografías, etc. No puede ser que por la postura personal de algunas funcionarias se nos arrebate este derecho”.
Al mezclar, sin distinción, el delito de trata con fines de explotación sexual y el trabajo sexual autónomo, las políticas llevadas a cabo por los distintos niveles del Estado sólo han generado marginación y vulneración de derechos de este sujeto político que hoy exige ser reconocido como tal. Al respecto Orellano nos aclara: “Desde nuestra organización sostenemos que la mayoría de las políticas que llevó adelante el Estado a nivel nacional, provincial y municipal, tendientes a combatir la trata de personas, fue una lucha encarnada en personas con una postura ideológica tomada respecto al trabajo sexual, muchas veces posturas en línea abolicionista o previsionista que hacen de la lucha contra la trata una lucha contra el trabajo sexual, porque consideran que el trabajo sexual no puede ser considerado una actividad laboral.Hubo fuertes campañas comunicacionales como también fuertes medidas municipales y provinciales tales como la prohibición de cabarets y whiskerías. Con respecto a las campañas comunicacionales por parte del Gobierno anterior, que todavía siguen vigentes, hubo una a la cual muchos se han aferrado, y es la que utiliza el famoso slogan ‘Sin clientes no hay trata’, intentando equiparar ‘trata’ con ‘trabajo sexual’ y dándole la entidad de cliente a aquella persona que demanda servicios sexuales de otra que está puesta contra su voluntad, una entidad que no tiene. Nosotras afirmamos: ‘Si la trata de personas es un delito, quien demanda y consume este tipo de servicios no es un cliente sino que es un delincuente’. Es decir, que comparar y darle esa entidad de cliente a quien es parte de un delito es, justamente, seguir estigmatizando a las trabajadoras sexuales y a quienes demandan los servicios de mujeres que por decisión propia y de forma voluntaria decidimos ejercer esta actividad. A su vez, hace foco en equiparar ‘trata’ con prostitución sin pensar que hay también situaciones de trata y esclavitud en otros mercados como el trabajo rural o el textil. Si apelamos a la lógica ‘Sin clientes no hay trata’ la mayoría de las personas deberían ser penalizadas por el consumo, por ejemplo, de la vestimenta o alimentos que también encubren, detrás de esa productividad, a personas puestas contra su voluntad. Muchas de ellas grupos familiares de inmigrantes de países como Paraguay y Bolivia, quienes se encuentran en situaciones de insalubridad, indignas y hasta de trabajo esclavo.”
La implementación de un marco legal para el desarrollo autónomo del trabajo sexual es también, una forma de lucha contra la trata, pero que no recaerá sobre las trabajadoras, sino sobre el Estado, cuya responsabilidad, desde un principio, debería estar asumida en esos términos, así Orellano precisa: “Nosotras creemos que el reconocimiento de derechos laborales para las trabajadoras sexuales es una forma de sacarnos a nosotras de la clandestinidad, sacarnos de la constante vulneración de derechos a la que estamos expuestas por parte de la policía, de la violencia institucional, del no reconocimiento y la falta de acceso a derechos como la obra social, el aporte jubilatorio, acceso a la vivienda, a la salud integral. Y creemos que trabajar en un marco de legalidad con presencia del Estado a través dederechos y garantías nos va a dar a nosotras una herramienta para luchar, para que nuestros derechos no sigan siendo vulnerados. También entender que a las trabajadoras sexuales se nos cuestiona que nuestro proyecto de ley, o las diferentes legislaciones que son pensadas desde nuestro movimiento, van a facilitar aún más la trata de personas o que no van a ser la solución. Exigirnos a nosotras, que somos un sujeto político que está atravesado por muchos estigmas y discriminación, que tiene muchas batallas por dar, exigirnos que encima luchemos nosotras contra la trata es desconocer que ese rol es del Estado. Por ejemplo a los trabajadores rurales o los textiles no se lespide que sean ellos los que lleven adelante la lucha contra la trata. Ese es un rol del Estado y me parece que la pregunta debería ser qué pasó con todas las políticas que se llevaron adelante: prohibición de cabarets, de casas de citas, la modificación de la Ley de trata, la creación de un montón de dependencias estatales, la subsecretaría de la Mujer, Oficina Nacional de Rescate a las víctimas dependiente del ministerio de Justicia, el Comité Nacional contra la Trata de personas, la prohibición del Rubro 59 en los avisos clasificados, etc. Es evidente que lo que hay que pensar es: si se llevaron adelante tantas medidas en pos de la lucha contra la trata por qué hoy sigue habiendo un alto porcentaje de mujeres rescatadas de la trata de personas con fines de explotación sexual. Esto demuestra que no es el trabajo sexual en sí la problemática sino que se hace evidente que el Estado debe modificar las medidas y las políticas que llevó adelante para combatir este delito, muchas veces amparado por el sistema penal y el sistema punitivista, otorgándole mayor poder a las fuerzas policiales y de seguridad. Mantenerlo en la clandestinidad favorece el proxenetismo, se quiere luchar contra la trata de personas y se termina favoreciendo a la explotación laboral empujando a un montón de nuestras compañeras a que trabajen en lugares mucho más ocultos, expuestas a muchísimos más abusos, y otorgándole mayor poder a las fuerzas de seguridad. Nosotras, y todos, sabemos que la policía, que es el histórico patrón de las trabajadoras sexuales y que ha hecho de la clandestinidad y la precarización laboral su propia caja chica, se beneficia del vacío legal en el cual nos encontramos como clase trabajadora.” De manera acertada Orellano apunta contra el rol de las fuerzas policiales en la detención de las compañeras trabajadoras y de cómo forman parte del entramado que vulnera, sistemáticamente, sus derechos. Como dato a destacar podemos recordar que en los últimos días se detuvo a siete policías que formaban parte de una red de prostitución. Si bien los hechos no han sido esclarecidos, es una muestra de cómo la clandestinidad y la falta de derechos laborales reconocidos dota de un poder arbitrario y violento a las fuerzas represivas, poniendo a su voluntad la vida de las trabajadoras sexuales.
El debate acerca del reconocimiento del trabajo sexual atraviesa vertebralmente al movimiento de mujeres que tanta fuerza ha tomado en la Argentina en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, el año pasado en el 31º Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), Ammar logró tener, por primera vez y en un hecho inédito en este encuentro, su propio taller. La victoria que esto significó fue un gran aliento para las compañeras trabajadoras que reclaman, desde hace tiempo, la necesidad de incluir esta perspectiva en el feminismo y ser oídas: “Estamos cansadas que hablen por nosotras, que tomen decisiones por nosotras, que no nos escuchen, que asuman que todas hacemos esto porque somos víctimas”. Es sabido que en el sistema capitalista nadie elige, verdaderamente, lo que quiere ser. Es decir, sólo algunos pocos pueden elegir libremente su profesión “Las empleadas domésticas, ¿eligieron serlo?” interpela Orellano, ¿la docencia no es un trabajo insalubre cuando vemos a maestras de 50 años agotadas por tener más de 40 chicos en el aula? ¿Por qué entonces sólo nuestro trabajo es descalificado y caracterizado como insalubre? Es claro que la cuestión no es la elección del trabajo sino con qué hacemos nuestro trabajo. Es la sacralidad de la vagina. Nosotras elegimos vender nuestra fuerza de trabajo a través de nuestra sexualidad ¿por qué es tan diferente del que vende su espalda, sus brazos, su conocimiento?”
Se hace imperiosa la necesidad de reconocer en el feminismo la cuestión de clase: “Muchas compañeras que militan en el feminismo sostienen un feminismo blanco, heterosexual y burgués. Se olvidan que el feminismo es antipunitivista, negro, pobre, trava, lésbico, y de las putas. Se olvidan también que ellas mismas son de la clase trabajadora.” Parecen fuertes las afirmaciones de Orellano, sin embargo, este 20, en un plenario del comité organizador del 32º ENM, luego de una escandalosa discusión donde se emplearon epítetos como “torta”, “él” (para referirse a una compañera trans), se decidió que el Festival de Resistencia Queer (evento sobre la diversidad sexual) no iba a formar parte del encuentro.Es evidente que desde el feminismo debemos replantearnos nuestra postura y las acciones que llevamos a cabo sobre temas como los cuerpos disidentes, las sexualidades disidentes, la cuestión de clase, el rol del sistema penal y por supuesto, sobre el reconocimiento del trabajo sexual. Afortunadamente, como ningún otro movimiento político, el feminismo es justamente eso, la posibilidad de discutir y desaprender todo lo que aprendimos mal, de debatir y escucharnos. Quién mejor que nosotras, las mujeres (travas, lesbianas, trans, cis, putas, pobres, disidentes) para reconocer y combatir la opresión en todas sus caras.
