La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género en la respuesta a la pandemia del COVID-19, y resalta la necesidad de un enfoque específico hacia las 126 millones de mujeres trabajadoras de la economía informal, entre las que estamos las Mujeres Trabajadoras Sexuales

La Comisión como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), hace un llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género en las respuestas a la crisis y a combatir la violencia sexual e intrafamiliar, así como la discriminación que afecta a las mujeres en ese contexto.

Destaca que la pérdida de ingresos y reducción de la actividad económica es un factor adicional al incremento de los niveles de desigualdad y pobreza que afecta a las mujeres, particularmente a las mujeres cabezas de familia.

Cabe destacar que en Latinoamérica y el Caribe el 85% de las Trabajadoras tenemos como mínimo a una persona que depende de nosotras, y el 98% aportamos la mayoría de recursos para sostener nuestros hogares.

En el marco del COVID19 la CIDH destaca la necesidad de un enfoque específico hacia las 126 millones de mujeres trabajadoras de la economía informal: mujeres trabajadoras domésticas, trabajadoras rurales y Trabajadoras Sexuales.

La CIDH resalta la necesidad de dirigir el enfoque de atención de la crisis también a las mujeres migrantes, las mujeres en situación de calle y las mujeres trans. Políticas que deben tener perspectiva de derechos humanos y apuntar a las necesidades específicas de todas.

Sostiene que los Estados deben adoptar medidas orientadas a superar el impacto desproporcionado de la crisis económica sobre las mujeres, promoviendo su reintegración socioeconómica mediante medidas de alivio o apoyo económico, por medio de la ampliación de sus redes de protección social, y orientadas a la promoción del desarrollo sostenible.

A su vez, reitera que la adopción de medidas de respuesta a la crisis causada por el COVID-19 debe tener como condición indispensable la participación de mujeres y expertas en nuestras necesidades. Nada sobre nosotras, sin nosotras

En cuanto a la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, la Comisión recomienda a los Estados:

1. Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas, como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada, la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras.

2. Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género, adoptando canales alternativos de comunicación bien como líneas de atención de emergencia, así como promover el fortalecimiento de redes comunitarias con el objeto de ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección en el marco del periodo de confinamiento y restricciones de movilidad. Asimismo, asegurar la disponibilidad de casas de acogidas y albergues para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los cuales existan condiciones de adoptarse las medidas de prevención del contagio.

3. Desarrollar protocolos de atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de justicia involucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia doméstica, así como llevar a cabo la distribución de materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos en todas las instituciones estatales.

4. Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información en medios accesibles y con lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar las mujeres en su diversidad.

5. Reforzar las políticas de seguridad alimentaria y redes de protección social con perspectiva de género, incluidas políticas de renta mínima y de oferta de atención médica enfocada a la necesidad específica de estas mujeres en el combate a la crisis generada por el COVID-19.

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