Elena Reynaga (secretaria Ejecutiva de la RedTraSex) junto a Lucila Esquivel, Haydée Laínez, Herminda González, Adriana Carrillo y Fidelia Suárez concurren a la reunión “Las dinámicas de población como eje del desarrollo sostenible y sustentable: la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo para la superación de las desigualdades en el marco de los derechos humanos”.
Integrantes de la Junta Directiva de la RedTraSex participan en México de la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de México.
Elena Reynaga (secretaria Ejecutiva de RedTraSex) junto a Lucila Esquivel, Haydée Laínez, Herminda González, Adriana Carrillo y Fidelia Suárez están presentes en la reunión, titulada “Las dinámicas de población como eje del desarrollo sostenible y sustentable: la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo para la superación de las desigualdades en el marco de los derechos humanos”, que se desarrolla del 6 al 9 de octubre y cuenta con la presencia de representantes de gobierno, de organismos internacionales y de la sociedad civil.
En ese contexto se presentará la Guía Operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y se espera que los países debatan sobre las experiencias nacionales en el marco de la aplicación de dicho Consenso. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo constituye la expresión regional del seguimiento del Programa de Acción de El Cairo (Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo) después de 2014.
Previamente a la inauguración de la reunión, las organizaciones de la sociedad civil participan de un Foro Social en el que analizan las prioridades en los países en temas como Ciclo de vida y condición étnico-racial, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y LGBTI, Igualdad de Género, Migración y Desigualdad Territorial. Al final del Foro Social se habrán definido las prioridades y las estrategias que serán plasmadas en una declaración política.
El Consenso de Montevideo, firmado en 2013, es un conjunto de compromisos asumidos por los países de América Latina y el Caribe en materia de población y desarrollo. Los países se comprometieron a trabajar para mejorar los derechos de las poblaciones en varios campos. Entre ellos, en igualdad de género, donde acordaron «Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras».
La Guía Operacional que se presenta en la reunión de México es un instrumento técnico que proporciona orientaciones específicas para la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y ofrece insumos relevantes para el monitoreo de dicha implementación.
Sobre el compromiso para erradicar la violencia hacia las mujeres, las medidas a tomar serán “Promover la acción intersectorial del Estado, prestando especial atención al sector de la justicia, y la articulación entre las instituciones públicas y privadas para la atención a todas las víctimas de violencia; Adoptar nuevas estrategias para asegurar los cambios culturales e institucionales necesarios en la lucha contra los factores estructurales que sostienen la violencia contra las mujeres; Promover iniciativas encaminadas al empoderamiento económico para reducir la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia; Impulsar acciones específicas en los distintos sectores que generan y reproducen la violencia contra las mujeres (por ejemplo, el sector de la salud); Integrar los asuntos relativos a la violencia contra las mujeres en los sistemas nacionales y regionales de estadística a fin de propiciar la generación de datos que permitan tomar decisiones oportunas y desvelar las distintas facetas de esta forma de violencia; y Promover la tipificación de los delitos de femicidio y feminicidio”.
La participación de las trabajadoras sexuales en esa reunión es clave para garantizar el cumplimiento de los compromisos para erradicar la violencia y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
