El Foro Social de la II Conferencia Regional de Población y Desarrollo realizó una Declaración Política en la que insta al reconocimiento de los derechos de las poblaciones discriminadas. «Es momento para la rendición de cuentas, para la participación ciudadana, para comprometer recursos, para la garantía de todos los derechos para todas las personas a lo largo de toda su vida».
“La sostenibilidad de la agenda [del Consenso de Montevideo] sólo será posible si se reconoce como sujetas de derechos a las personas con discapacidad, con VIH, a las adultas mayores, migrantes, trabajadoras, incluidas las trabajadoras sexuales, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, afrodescendientes, indígenas, migrantes, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, garantizando su empoderamiento, creando alianzas intergeneracionales y mecanismos de participación ciudadana con enfoques descentralizados”.
Estas palabras leídas por Josefina Valencia ante un pleno de delegaciones gubernamentales forman parte de la Declaración Política del Foro Social realizada en el marco de la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe que tiene lugar en México, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Elena Reynaga, secretaria Ejecutiva de la RedTraSex, junto a Lucila Esquivel, Haydée Laínez, Herminda González, Adriana Carrillo y Fidelia Suárez (también integrantes de la Junta Directiva) participan de esta Conferencia Regional en la que se aprobará la Guía Operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, un instrumento técnico que proporcionan orientaciones específicas para la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y ofrece insumos para el monitoreo de dicha implementación.
“En el Consenso de Montevideo hay compromisos de Estado sobre los derechos territoriales para pueblos indígenas y los derechos de las personas migrantes; se reconoce a las y los jóvenes como sujetos de derecho y actores del desarrollo y se comprometen acciones de participación y consulta ciudadana que les incluyen; nuestros países se comprometieron a revisar la legislación vigente sobre el aborto para salvaguardar la vida, la salud y la autonomía de las mujeres. Por primera vez un consenso regional reconoció y llamó a respetar los derechos sexuales de las personas, incluida la posibilidad de vivir con libertad su orientación sexual y su identidad de género”, sigue la declaración política.
La sociedad civil también declaró que “a dos años de la aprobación del Consenso de Montevideo, nos parece grave que esta agenda, ambiciosa e innovadora, aún no se haya traducido en avances sustantivos, y que incluso, en algunos países hay retrocesos: la violencia de género, los crímenes de odio, la mortalidad materna, el aumento del embarazo adolescente, la transmisión del VIH en mujeres y la discriminación de amplios sectores son prueba de ello”.
Reitera el alto nivel de “violencia de género, crímenes de odio, mortalidad materna, aumento de embarazo adolescente, transmisión de VIH a mujeres y discriminación de amplios sectores” que hay en la Región. “Las mujeres siguen viviendo violentadas por el ejercicio de su sexualidad, siguen muriendo a causa de abortos clandestinos e inseguros, las indígenas siguen siendo esterilizadas en contra de su voluntad, la organización social de los cuidados sigue basándose en la sobrecarga hacia mujeres y niñas”.
También hace hincapié en la violencia que hay en los países hacia las defensoras y defensores de los derechos humanos. “Hay países en los que se criminaliza la defensa de los derechos humanos y la protesta social. América Latina está indignada por los femicidios/feminicidios y por las miles de desapariciones forzadas, incluida la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¡Exigimos verdad y justicia!”.
Finalmente, la Declaración Política es categórica: “La Guía es nuestra oportunidad para pasar de las palabras a la acción. Es momento para la rendición de cuentas, para la participación ciudadana, para comprometer recursos, para la garantía de todos los derechos para todas las personas a lo largo de toda su vida. Hoy, repetimos lo que dijimos hace dos años en la Primera Reunión de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo: no queremos desearnos mutuamente un buen futuro. ¡Queremos que el futuro empiece ya!”.
Aquí la declaración completa