“Queremos que quienes ejercen el trabajo sexual cuenten con una vía de reclamo que les brinde contención», dijo la secretaria General de AMMAR al presentar la Línea Roja para denunciar violencia institucional.
La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) lanzó oficialmente la línea 0810-999-0763 para denunciar situaciones de Violencia Institucional contra Trabajadoras/es Sexuales a nivel nacional y brindarles contención. Además, presentó el Observatorio de Violencia Institucional hacia el Trabajo Sexual (OVITS).
En el evento participaron como panelistas María Rachid, legisladora porteña; Flavia Massenzio, coordinadora de la Defensoría LGBT; Claudio Marin, secretario Adjunto del Sindicato telefónico FOETRA; Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos CTA Nacional; Cecilia Varela, antropóloga del Instituto Gino Germani; Deborah Daich, antropóloga del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA; y Georgina Orellano, secretaria General AMMAR Nacional. La conducción estuvo a cargo de Srta. Bimbo de Radio Nacional.
La iniciativa tiene como propósito generar datos estadísticos y empíricos sobre la violencia hacia trabajadoras sexuales por parte de la policía y las agencias que ejecutan las políticas antitrata. De igual forma, busca consolidar la información recibida para contribuir a la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales y a la generación de políticas públicas encaminadas a garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su trabajo.
Una línea contra el estigma
La Línea Roja será atendida por Trabajadoras Sexuales afiliadas a AMMAR que recepcionarán las denuncias, brindarán contención, harán seguimiento a los casos y los derivarán al Programa de Género del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, coordinado por Josefina Fernández.
El observatorio de Violencia Institucional hacia el Trabajo Sexual estará integrado por un equipo multidisciplinario de AMMAR asesorado por las antropólogas Cecilia Varela del Instituto Gino Germani y Deborah Daich del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA. Ambas han investigado los impactos de las políticas antitrata y las dinámicas del trabajo sexual desde la perspectiva de las meretrices.
“Las trabajadoras sexuales existimos y la violencia hacia nosotras también. Es una realidad que no se puede desconocer. A nuestra organización llegan muchas denuncias de compañeras por violencia institucional ejercida por parte la policía y operadores judiciales. Por esta razón, hoy presentamos dos iniciativas que buscan registrar estas vulneraciones, recuperar las voz de las Trabajadoras Sexuales y empoderarlas”, dijo Georgina Orellano, secretaria General de AMMAR, y agregó: “Elegimos el Trabajo Sexual como un proyecto laboral, pero no queremos seguir siendo estigmatizadas. Buscamos que se instale en agenda la violencia institucional hacia Trabajadoras Sexuales y que se implementen políticas públicas que la contrarresten”.
La Línea Roja y el Observatorio de Violencia Institucional nacen a raíz de la constante vulneración de derechos hacia trabajadoras/es sexuales en Argentina, el estigma que existe hacia el Trabajo Sexual y los impactos de las políticas antitrata. En los primeros meses estos canales se enfocarán en registrar la violencia ejercida por instituciones y en el mediano plazo se ampliarán a otros tipos de violencias.
En Argentina el Trabajo Sexual no es ilegal pero los lugares donde se ejerce están criminalizados. En 19 provincias continúan vigentes artículos contravencionales que llevan presas hasta por 30 días a las Trabajadoras Sexuales que ejercen en la vía pública. En distintos municipios están prohibidos los cabarets y las whiskerías y los departamentos privados de Trabajadoras sexuales autónomas son allanados por los operadores estatales de las dependencias antitrata.
El limbo normativo del trabajo sexual en el país incide en la vulneración de derechos hacia las trabajadoras sexuales. En este marco, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) reclama por una regulación que garantice los derechos laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual. Además, pide una Ley que regule el Trabajo Sexual Autónomo y proteja su ejercicio.