Compartimos a continuación los informes de la investigación realizada para su conocimiento, descarga y difusión.
Los informes que siguen presentan los resultados del Estudio sobre Situaciones de Violencia Institucional hacia Mujeres Trabajadoras Sexuales y Vulneración de Derechos que realizamos desde la Red de Mujeres Trabajadores Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) durante el 2015 y 2016.
Si bien en ninguno de los países que integran la RedTraSex el trabajo sexual autónomo está prohibido expresamente, tampoco existe una regulación clara que lo reconozca como tal con sus respectivos derechos y obligaciones. Sin embargo, en todos ellos existen normas y leyes que criminalizan acciones relacionadas con el trabajo sexual. Esto es lo que genera las condiciones para la represión policial, la violencia institucional y la dificultad de acceso a servicios básicos de salud y de justicia para nuestro sector.
Con esta investigación nos propusimos analizar el tratamiento que dan las leyes y normativas al conjunto de situaciones vinculadas al trabajo sexual, y dar espacio a las propias voces de las compañeras trabajadoras sexuales, para que relaten sus experiencias cotidianas de estigma y discriminación, por su condición de mujeres y por ser trabajadoras sexuales. Que relaten las múltiples situaciones en que sufren violencia física, psicológica y sexual, tanto las que trabajan en la calle y otros espacios abiertos como en los espacios cerrados. Las vivencias permanentes de coacción y extorsión en que desarrollan su trabajo, las detenciones ilegales, las deplorables condiciones de los lugares de detención y los abusos que padecen en esos lugares.
También relataron sus experiencias con los distintos funcionarios que integran el Poder Judicial, que en lugar de facilitarles el acceso a la justicia por las violaciones de sus derechos, o en casos de violencia de género o conflictos por la tenencia de sus hijos, refuerzan la discriminación, protegiendo a las fuerzas policiales, desalentando y obstaculizando el desarrollo de los procesos judiciales, discriminándolas y haciéndolas objeto de aún más violencia.
Las mujeres trabajadoras sexuales mayores de edad que ejercemos este trabajo por decisión propia nos sentimos parte de la clase trabajadora, el estado debe garantizar la igualdad de derechos respecto al resto de los y las trabajadores. Por ello pensamos que es imprescindible que los legisladores y funcionarios públicos conozcan las situaciones de violencia institucional que sufrimos como consecuencia directa de la ausencia de una regulación clara y de una protección legal de nuestro trabajo y así encaremos en conjunto las acciones necesarias para solucionar esta situación de injusticia, discriminación y exclusión.
Los testimonios volcados en estas páginas les permitirán conocer la cruda realidad de las condiciones en que realizamos nuestro trabajo y que motiva nuestra incesante lucha por mejorarlas, por el único camino posible que es el reconocimiento integral de nuestros derechos. NO SOMOS EL PROBLEMA, SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN.
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