En el marco del Día Internacional de la Trabajadora Sexual, el Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar presentó un documento que revela las condiciones de trabajo de este sector y su situación respecto a Derechos Humanos.

En las vísperas del Día Internacional de la Trabajadora Sexual, el Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar, de El Salvador, presentó un documento que revela las condiciones de trabajo de este sector y su situación respecto a Derechos Humanos.

El 2 de Junio es reconocido como Día Internacional de la Trabajadora Sexual, en ese marco este Movimiento ha iniciado la ruta a un anteproyecto de Ley que regule y dignifique esta profesión, para ello ha sido necesario un punto de partida.

Entre los principales hallazgos que revela el estudio realizado en una muestra de 300 mujeres trabajadoras sexuales: es que en un 95% las Trabajadoras Sexuales no son sujetas de pensión al llegar a la edad adulta mayor porque no tienen acceso a un sistema apropiado; esto implica que corren el riesgo de sufrir inclemencias en esa etapa de la vida.

Orquídeas del Mar tiene trabajo en las tres zonas del país, gracias a un proyecto financiado por Plan Internacional y Fondo Mundial. Esto ha permitido hacer un trabajo territorial de donde se revela que las trabajadoras sexuales en su totalidad se consideran sujetas de derechos hasta que se integran a una organización y se empoderan como mujeres y trabajadoras. Otro dato revelador es que en la mayoría de los casos los primero colectivos en estigmatizarlas son sus propias familias, pese a que aportan a la economía familiar. Pasará un proceso para que sus núcleos familiares les acepten.

Con su trabajo, las mujeres trabajadoras sexuales son capaces de aportar sus impuestos al Estado y de profesionalizar a sus hijos e hijas. La edad de apogeo productivo de una trabajadora sexual alcanza los 50 años de edad; en tanto los principales desafíos de su labor son: estigma y discriminación de la sociedad, aprovechamiento de los dueños de los negocios, riesgo de la delincuencia, y por último el acoso de los cuerpos de seguridad a su trabajo.

Principales hallazgo en Occidente, entendiendo este territorio por Sonsonate y Santa Ana:

El 76% de las mujeres trabajadoras sexuales encuestadas expresó sufrir violencia institucional, ya que son vulneradas por la Policía Nacional Civil (PNC) o por el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM). Esto se traduce en detenciones arbitrarias, desalojos en la vía pública, interposición de multas administrativas sin justificación legal, exigiendo dinero bajo la excusa de no detenerlas, maltratos físicos, verbales y psicológicos. Cuando interponen la denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o ante la Procuraduría General de la República no es diligenciada o no se realiza un efectivo seguimiento para la protección legal.

Además, expresaron sentirse desprotegidas por parte de la Policía Nacional Civil, ya que muchas son víctimas de crimen organizado o de pandillas exigiendo renta o realizando acciones violentas en contras de ellas, y exclamaron que no existen políticas inclusivas de protección hacia las mujeres trabajadoras sexuales.

El 55% expresó que en sus grupos familiares y sociales (centros educativos de sus hijos, iglesias, vecinos) las discriminan por ser mujeres trabajadoras sexuales, murmurando cosas e inclusive hasta realizando acciones de violencia verbal en contra de ellas.

Principales hallazgos en la zona Paracentral, asumiendo San Salvador:

El 80% de las mujeres trabajadoras sexuales encuestadas expresó que se exige un pago forzado en los lugares de trabajo, particularmente por pandilleros (maras), seguido de dueños de negocio y agentes de justicia. Un dato que resulta interesante es que la mayoría de personas encuestadas dice que no sabe el porqué del pago, caso distinto el pago que les exigen las fuerzas de seguridad y agentes de justicia ya que un porcentaje considerable dice que lo exigen con la excusa de no detenerlas.

Los resultados de las encuestas reflejan que existen casos de violencia hacia las trabajadoras sexuales por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de justicia particularmente verbal, física y sexual, según datos obtenidos, el 80% de las trabajadoras sexuales lo confirma.

Principales hallazgos en Oriente, San Miguel, Morazán:

El 70% de las mujeres trabajadoras sexuales encuestadas expresó que los agentes de justicia las restringen en cuenta a la movilidad en espacios públicos, además las tienen identificadas y nominadas como mujeres trabajadoras sexuales. A pesar de esta represión, las autoridades las dejan trabajar en lugares cerrados como night clubs, casa de citas, cervecerías, hospedajes, etc.

El 80% de las encuestadas expresó que las autoridades de salud las incluyen en una base de datos con el objetivo de controlar las infecciones de transmisión sexual, solicitando para esto el apoyo de la Policía Nacional Civil y el Cuerpo de agentes municipales. Las pruebas se realizan de manera obligatoria y coercitiva.
En el marco jurídico, cabe destacar que el municipio de Chalatenango es el único que expresamente brinda potestad de privar de libertad a las mujeres que ofertan o demandan el trabajo sexual.

Con este acercamiento se pretende dar pie a un anteproyecto de Ley construido además por tomadores de decisiones y que, al igual que en otros países, permita la dignificación del trabajo sexual, que implica reconocer esta profesión, a sus protagonistas como sujetas de derechos y de una manera integral.

“La legitimidad la tenemos, la legalidad la exigimos”.

Aquí el informe completo sobre vulneración a derechos humanos de las Mujeres Trabajadoras Sexuales en El Salvador