RedTraSex se opone a la aprobación del proyecto de ley que establece el marco jurídico para el abordaje integral de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) por ser discriminatorio, conteniendo normas que no respetan los derechos humanos elementales de la población
Desde la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe nos oponemos enfáticamente a la aprobación del proyecto de ley que por estas horas se debate en la República de Panamá, y establece el marco jurídico para el abordaje integral de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), por contener disposiciones que resultan discriminatorias y contrarias incluso a compromisos internacionalmente asumidos por la República de Panamá.
En primer lugar, creemos que una ley nacional para el abordaje integral de ITS y/o VIH, debe estar dirigida a la totalidad de la población de Panamá, sin discriminación alguna por razón de sexo, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género, edad, actividad económica desempeñada o país de origen.
Por ello nos oponemos a que la misma, contrariando la propia Constitución Nacional que obliga a proteger a todos los habitantes que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional , formule una discriminatoria distinción a la hora de brindar protección según si las personas extranjeras detentan o no la categoría de residentes.
La República de Panamá se comprometió, a través de la adopción de la Declaración Política sobre VIH en la reciente Reunión de Alto Nivel sobre VIH/Sida de la Asamblea General de Naciones Unidas a “revisar y reformar, según sea necesario, toda legislación que pueda crear obstáculos o reforzar el estigma y la discriminación, incluyendo las pruebas obligatorias, y apoyar los programas para las personas que viven con el VIH” (párrafo 63 b de la Declaración Política).
En este sentido, la inclusión en el proyecto de ley de pruebas obligatorias para determinadas poblaciones, representa una medida contraria a dicho acuerdo firmado por el gobierno panameño.
Las trabajadoras sexuales exigimos el respeto a nuestros derechos en un pie de igualdad con el resto de la población y por esto exigimos a los/las legisladores/as de Panamá que cumplan con los compromisos que han asumido. Resulta agraviante que se exceptúe expresamente a trabajadoras sexuales, madres y embarazadas de la regla general de que las pruebas para el diagnóstico de ITS y VIH se realizarán con consentimiento informado, de acuerdo a la Ley vigente, convirtiendo dichas prácticas en obligatorias para nosotras, sin respetar nuestra voluntad.
Este tipo de prácticas deben ser voluntarias y confidenciales, y así lo ha aceptado el estado panameño al adoptar la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011, mediante Resolución A/RES/65/277 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que establece en su párrafo 59 numeral f) “…que los Estados Miembros se comprometen a “ampliar considerablemente y promover las pruebas de detección y el asesoramiento voluntarios y confidenciales en relación al VIH, así como las pruebas de detección y asesoramiento por iniciativa del proveedor”.
Las trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe ponemos a disposición de la República de Panamá todo nuestro conocimiento y el cúmulo de experiencias y aprendizajes obtenidos a lo largo de los años, a fin de aportar en la redacción de una ley más democrática y equitativa, que dé paso a la implementación de una respuesta eficaz al VIH.
No somos objeto de estudio, somos sujetas de derecho y exigimos poder ejercerlo libremente
