Por medio de la misma Presidencia, las dirigentas de la organización de trabajadoras sexuales, fueron invitadas participar en la ceremonia de Promulgación de la Ley que tipifica “delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes” que se realizó en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, donde -acompañada por los ministros del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández; Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos; y Desarrollo Social, Marcos Barraza- la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Con la firma de este documento, la mandataria instruyó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Lorena Fríes, a propósito de la denuncia de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan, “para investigar en profundidad y conocer la verdad de lo sucedido”, y solicitó al departamento ministerial elaborar un nuevo Reglamento Penitenciario “para que se trate con dignidad no sólo a las mujeres, sino a todas las personas que están privadas de libertad”.

La Presidenta detalló que “la inclusión del delito de tortura en el Código Penal, sin eufemismos, implica el primer paso para reconocer que el Estado, y los agentes del Estado, son los garantes de los derechos de todos y todas quienes habitan en Chile. Y esto significa que, en primer lugar, nos corresponde prevenir la comisión de este delito y que, en caso de cometerse, éste debe ser investigado, sancionados sus responsables y reparadas sus víctimas”. Este nuevo cuerpo legal tipifica y establece una pena que puede llegar a 10 años de presidio para la tortura cometida por un empleado público, o por particulares en funciones públicas, o instigados o con consentimiento de un empleado público.

Esta iniciativa del gobierno y la consideración de Fundación Margen y del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, como representantes de la Sociedad Civil, constituyen para nosotras un avance muy significativo en relación a las numerosas denuncias que hemos realizado debido a los tratos inhumanos que viven las compañeras trabajadoras sexuales chilenas y sobretodo nuestras compañeras migrantes, cuando son sometidas a los controles preventivos de identidad o a las fiscalizaciones a los locales en búsqueda de personas indocumentadas o personas víctimas de trata. Pues considera poner freno a estos abusos al tipificar la figura de “tratos inhumanos y degradantes” que se viven en el país cuando las fuerzas públicas o de seguridad incurren en apremios ilegítimos contra las personas que son sometidas a algún tipo de control.

En esta instancia, tuvimos la oportunidad de conversar con la Presidenta y señalarle la necesidad de regular el trabajo sexual en el país, para descorrer el manto de clandestinidad que cubre el trabajo sexual, así como para diferenciar la trata de personas del trabajo sexual autónomo, comentándole los nulos avances que hemos tenido en esta materia con algunos gobiernos locales y Parlamentarios de la Nueva Mayoría. Ante esto, la Presidenta mandató a la Subdirectora de Derechos Humanos, Lorena Fríes, a articular una Mesa de Trabajo seria y responsable de avanzar en este tema. Al conversar con la Subdirectora, acordamos convocar al Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo, para definir una estrategia conjunta para velar por el respeto a los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales en el país.