Compartimos interesante artículo de Sandra Chaher de Comunicar Igualdad anticipando lo que será la 1 Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, y en la que Redtrasex formará parte.
Entre el 12 y el 15 de agosto se llevará adelante en Montevideo la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL). Las organizaciones de la sociedad civil de Argentina y de otros países de la región presentaron con vistas a este encuentro informes alternativos a los oficiales de los Estados que revelan las luces y sombras del proceso de implementación de los derechos sexuales y reproductivos. Sería probable que Argentina retirara, en Montevideo o en un posterior encuentro internacional del 2014, la declaración de reserva hecha en 1994 al Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo desarrollada en El Cairo.
Esta conferencia fue la que instaló fuertemente en el ámbito internacional los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y marcó una agenda de trabajo y de posibles políticas públicas en el tema, que en la mayoría de los países del mundo son aún una deuda pendiente.
“Hay una gran expectativa con la reunión porque puede significar un gran paso hacia adelante como región o un gran paso para atrás si no estamos preparados. Los grupos conservadores están mejor preparados que otras veces y también están haciendo abogacía para tratar de restar derechos a las personas” señala Sergio Maulen, integrante de la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales. Mabel Bianco, referente de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) observa a su vez: “Esperamos que los gobiernos de la región se comprometan a cumplir lo que no lograron del Plan de Acción acordado en Cairo hace 20 años y también que avancen en otros temas de desarrollo y eliminación de la pobreza, sobre los que nada o muy poco hicieron”.
Luces y sombras
El proceso de debate previo a Montevideo, y a la reunión internacional del 2014, está siendo liderado dentro de la Organización de las Naciones Unidas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNFPA). Desde este organismo se enviaron cuestionarios sobre el estado de los derechos sexuales y reproductivos a los gobiernos con la expectativa de que fueran respondidos en conjunto con la sociedad civil, sin embargo este proceso no fue exitoso en casi ninguna nación.
En Argentina, 37 organizaciones de la sociedad civil –nucleadas en la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil- presentaron en junio su propio informe de revisión de los objetivos de El Cairo, que fue recibido por UNFPA en paralelo al de los estados.
El Informe de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre el cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y su seguimiento después de 2014 evalúa las políticas públicas de Argentina en áreas mucho más amplias que los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen igualdad y equidad de género en diversas áreas, familia, población, desarrollo, educación, urbanización, migración, adolescentes y jóvenes, discapacidad y pueblos indígenas.
En el Informe se señalan como desafíos del Estado argentino: la producción y accesibilidad de datos confiables; asegurar la implementación efectiva de leyes, planes y programas que garanticen la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, en todo el territorio nacional, fortaleciendo el organismo dedicado a los asuntos de la mujer –Consejo Nacional de las Mujeres-; desarrollar políticas sociales que tengan como objeto pueblos indígenas, poblaciones migrantes internos e internacionales, población LGTTTBQI, personas viviendo con VIH, y personas con discapacidad en materia de salud, salud sexual y reproductiva, violencia, vivienda, educación, y empleo desde una perspectiva de género inter cultural y de derechos humanos; y favorecer la incorporación de la sociedad civil, especialmente organizaciones de mujeres y de derechos humanos, en espacios de decisión a nivel local, provincial y nacional.
Entre los logros de la implementación de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina en los últimos 20 años, Maulen señala: “Es importante mencionar la gran cantidad de leyes y normativas menores que han reconocido y profundizado los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo todos los tratados internacionales que tiene rango constitucional; las políticas públicas que han avanzado en reducir las inequidades hacia las mujeres y las comunidades históricamente relegadas y las políticas sanitarias que han mejorado la accesibilidad a la atención integral de la salud sexual y reproductiva y la educación sexual integral”.
Y Paola García Rey –integrante de Amnistía Internacional y de la Alianza de organizaciones de la sociedad civil- agrega: “Claramente la agenda mejoró un montón en Argentina en relación al ‘94. Hoy la posición del país sobre el tema no es ni similar a la del ’94 pero tampoco es lo que nosotros querríamos ni lo que la Plataforma de Acción indica. El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, por ejemplo, es de super avanzada, pero tiene muchos problemas de implementación y tenemos la dificultad del sistema federal del país. Lo mismo en el caso del aborto no punible, que aún con el fallo de la Corte hay muchísima resistencia de las provincias, algunas incluso desconocieron por completo la supremacía de las leyes nacionales”.
Bianco agrega que “si bien hemos logrado avanzar mucho en términos legislativos y con la creación de algunos programas –sobre todo en temas de cairo4salud sexual y reproductiva, en educación sexual integral y reconocimiento del problema de la violencia de género- esto no ha cambiado la vida de las personas porque estas políticas no llegan hasta ellas. Hay una brecha inmensa entre la letra de normas y programas y lo que pasa en el territorio donde no se cumplen estos derechos, o se cumplen con grandes desigualdades en algunas provincias más que en otras”.
Maulen completa que “a casi 20 años de Cairo no debemos menos que exigir que todas las personas tengan el derecho a decidir sobre su cuerpo, tengan el derecho a tener una vida libre de violencia y acceso igualitario a educación y servicios de salud de calidad”.
Cambio de paradigma
Un rumor que circula es que el gobierno argentino podría, con vistas a la revisión internacional de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo en el 2014, levantar la Declaración de Reservas que hizo sobre el documento original de la Conferencia en 1994. En ese momento, durante el gobierno de Carlos Menem, el país se alineó con las posiciones más retrógradas y conservadoras en relación a los derechos sexuales y reproductivos que en la Conferencia estuvieron representadas por el Vaticano y los países islámicos.
En ese contexto, el país formuló una Declaración de Reservas sobre varios aspectos, entre ellos señaló que para nuestro país “la vida existe desde el momento de la concepción y desde ese momento la persona, en su dimensión única e irrepetible, goza del derecho a la vida” y, en otro párrafo de la misma se señala que “si bien la familia puede tener distintas formas, en ningún caso puede alterar su origen y fundamento, que es la unión entre varón y mujer, de la cual se derivan los hijos”. También se señala que “la República Argentina, no puede admitir que en el concepto de ‘salud reproductiva’ se incluya el aborto ni como servicio ni como método de regulación de la fecundidad”.
Desde Cancillería confirmaron a COMUNICAR IGUALDAD que está siendo discutida dentro del gobierno una nueva Declaración que dejaría sin efecto la del ’94, aunque no se pudo afirmar si será dada a conocer Montevideo la próxima semana o en Nueva York en el 2014.
Hay acuerdo entre Estado y sociedad civil en que el camino recorrido por el país en estos 20 años, y particularmente en los últimos diez, va en una línea de protección de derechos muy diferente a las reservas formuladas en el ’94. Y que con normas como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género estas reservas no tienen sentido.
Sólo restaría ver si la ampliación de estos derechos alcanza como para que el Estado promueva –además de la implementación de las leyes sancionadas- el acceso al derecho al aborto, que es el único de todos los derechos garantizados en El Cairo que en el país aún no tiene siquiera forma de ley.
Fuente: Comunicar Igualdad – 07/08/2013
Link: http://www.comunicarigualdad.com.ar/montevideo-comienza-el-debate-sobre-los-derechos-sexuales-y-reproductivos/
