La flamante resolución de Amnistía Internacional descriminalizando el trabajo sexual tiene un propósito claro: proteger los derechos humanos de las personas que ejercemos este trabajo de manera voluntaria. Para ello plantean “la necesidad de que los Estados no sólo revisen y deroguen las leyes que hacen vulnerables a las personas dedicadas al trabajo sexual frente a la violación de sus derechos humanos, sino que también se abstengan de promulgar tales leyes”.
La flamante resolución de Amnistía Internacional descriminalizando el trabajo sexual tiene un propósito claro: proteger los derechos humanos de las personas que ejercemos este trabajo de manera voluntaria.
El punto de partida de la adopción de esta política es “evitar y reparar las violaciones de derechos humanos contra las personas que ejercen el trabajo sexual”. Para ello plantean “la necesidad de que los Estados no sólo revisen y deroguen las leyes que hacen vulnerables a las personas dedicadas al trabajo sexual frente a la violación de sus derechos humanos, sino que también se abstengan de promulgar tales leyes”.
Nosotras sabemos que penalizar el trabajo sexual solo produce mayor marginación y discriminación. Realizar el trabajo en forma clandestina nos deja en condiciones de más vulnerabilidad y a merced de mafias que lucran con nuestra explotación. Por eso la resolución recuerda que los Estados tienen la obligación de garantizar la protección de los trabajadores y las trabajadoras sexuales frente a la explotación.
Tal como venimos sosteniendo, la regulación del trabajo sexual autónomo y la derogación de cualquier norma que de manera indirecta fomente la persecución y violencia hacia nosotras es el camino al respeto y garantía de los derechos humanos de quienes elegimos el trabajo sexual de manera voluntaria.
En ese sentido, Amnistía Internacional reconoce y respeta nuestra participación activa “en la definición de las soluciones más apropiadas que garanticen su bienestar y seguridad”.
El pronunciamiento de Amnistía Internacional es resultado de la evidencia recogida durante años –la Argentina estuvo entre los países donde se realizó la investigación- sobre el impacto que tienen las leyes y enfoques prohibicionistas en los derechos humanos de quienes ejercemos el trabajo sexual.
La resolución no protege a los explotadores, como intentan instalar algunos medios de comunicación. Decir que beneficia a proxenetas o traficantes puede deberse a desinformación o a la intención de seguir clandestinizando el trabajo sexual y fomentar así las mafias de explotación.
Desde RedTraSex seguimos trabajando para la regulación del trabajo sexual para garantizar y respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y para combatir el tráfico de personas con fines de explotación sexual.
No somos el problema, ¡somos parte de la solución!
Elena Reynaga
Secretaria Ejecutiva
