En el Día Internacional de las Mujeres, los gobiernos tienen una gran deuda con nosotras: un marco de garantías para que las trabajadoras sexuales ejerzamos nuestro trabajo en condiciones laborales libres de discriminación, persecución y marginación. En este 8 de marzo reiteramos que no habrá igualdad plena ni respeto a los derechos humanos hacia todas las mujeres si no se regula el ejercicio del trabajo sexual.

En este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, desde la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe reiteramos que no habrá igualdad plena ni respeto a los derechos humanos hacia todas las mujeres si no se regula el ejercicio del trabajo sexual.

Las mujeres trabajadoras sexuales padecemos continuamente violaciones a nuestros derechos humanos como consecuencia de la falta de regulación del ejercicio del trabajo sexual: maltrato, violencia, precarización de las condiciones laborales y discriminación que no se corresponden con los compromisos que los Estados de la Región han asumido para defender y garantizar el ejercicio de los derechos humanos a toda su población.

Así consta en la investigación realizada por RedTraSex Situación de derechos humanos de mujeres trabajadoras sexuales en 15 países de las Américas, que fue presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ella damos cuenta de que “la falta de regulación obliga a que las trabajadoras sexuales debamos realizar nuestro trabajo en condiciones donde no se garantizan nuestros derechos, quedando sometidas a situaciones de violencia por parte de sectores que quieren obtener beneficios por nuestro trabajo (proxenetas, mafias, maras y policías)”.

A modo de ejemplo, en los últimos años, las organizaciones de la RedTraSex han registrado 16 asesinatos de trabajadoras sexuales en Honduras; 27 en el Salvador; 9 en Bolivia; y 16 en Chile. En Costa Rica, por ejemplo, casi el 30% de las trabajadoras sexuales dice que la policía exige coimas o pagos y que la violencia sexual de la que son objeto se da también por parte de la policía a cambio de no detenerlas, por no tener permiso de trabajo o libreta de salud. En Argentina, otro ejemplo, es la impunidad en el crimen de nuestra compañera Sandra Cabrera, secretaria General de AMMAR Rosario, asesinada por haber denunciado redes de trata y explotación de menores.

Estamos convencidas de que regulando el trabajo sexual la violencia hacia nosotras disminuirá y podremos ejercer nuestro trabajo en condiciones de igualdad con otras y otros trabajadores de la Región.

Ahora, cuando en Naciones Unidas se discute la agenda de los derechos humanos de las mujeres queremos hacer visible la gran deuda que tienen los gobiernos de nuestra Región: promover y dictar leyes de trabajo sexual autónomo y políticas públicas que regulen el trabajo sexual.

Urge contar con un marco de garantías para que las trabajadoras sexuales ejerzamos nuestro trabajo en condiciones laborales libres de discriminación, persecución y marginación.

Elena Reynaga
Secretaria Ejecutiva
RedTraSex