En la Región somos testigo de un modelo de desarrollo extractivista basado en la explotación de las personas, de los territorios y de los bienes naturales, lo cual produce migraciones forzadas, limita el acceso a la tierra y al agua, genera violencia, especialmente de género, y pone en riesgo a las personas defensoras de los derechos humanos, a las comunidades y a los pueblos.

Los países de América Latina y el Caribe hemos sido catalogados como países de renta media lo cual invisibiliza las brechas y desigualdades persistentes en nuestra Región que no permiten un desarrollo sostenible en el que nadie quede atrás.

Existe un deterioro en la democracia económica y política de nuestra Región, el conservadurismo avanza y sigue vulnerando los derechos humanos, amenazando los logros alcanzados en la Región como en el consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, así como los tratados internacionales de derechos humanos etc.

Esta debilidad de la democracia en nuestros países, así como la falta de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, permiten la corrupción y la captura empresarial del Estado.

Nuestras recomendaciones como Sociedad Civil, es que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promueva un nuevo paradigma para el desarrollo con enfoque de derechos humanos, de justicia social, ambiental y enfoque de género.

Instamos a los Estados a elevar su nivel de compromiso en la implementación de la Agenda 2030 como garantes del desarrollo de los pueblos, en este sentido los Estados deben impulsar una agenda por la igualdad de derechos, garantizar la igualdad y equidad de género y el reconocimiento a la diversidad en todas sus dimensiones.

Garantizar la justicia y equidad intergeneracional e intercultural, desarrollar procesos orientados a la justicia social, económica, ambiental y climática, promover el trabajo decente, el diálogo social y los pisos de protección social. Eliminar toda forma de violencia para garantizar una sociedad democrática y pacífica, garantizar el derecho al acceso universal a la salud y servicios públicos de calidad.

Garantizar, también así, el derecho a la educación y alimentación dentro del enfoque de soberanía alimentaria, asegurar un nuevo modelo de desarrollo sostenible solidario y centrado en las personas y el medio ambiente en un escenario de la gobernanza; promover otros modelos empresariales de la economía social y solidaria.

Así mismo instamos a que la participación de la Sociedad Civil para la Agenda 2030, se debe garantizar la participación plena de las organizaciones de la Sociedad Civil en todos los niveles y etapas, para logra esto se requiere de un ambiente habilitante para organizaciones de la Sociedad Civil. Esto incluye la participación en el diseño, la toma de decisiones, la implementación, el monitoreo y la evaluación, así como el acceso a la información y a datos estadísticos confiables, una cultura política participativa, así como la transparencia de rendición de cuentas en la ejecución de los programas y políticas relacionadas a los ODS.

La efectividad de la agenda exige un involucramiento a nivel local y para esto se requiere la participación activa de las organizaciones, movimientos, personas y comunidades.

Instamos a los Estados a garantizar la plena participación en las políticas públicas, en los ámbitos económico, político, social, cultural, educativo y ambiental, tanto a nivel regional, nacional y sobre todo a nivel local.

Esto permitirá las condiciones necesarias para que ellos mismos realicen el seguimiento y verificación de la implementación.

La plena participación de la Sociedad Civil, también implica el respeto, la garantía y protección de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, activistas, las organizaciones y periodistas. En este sentido, exhortamos la no criminalización de la protesta social para garantizar este entorno propicio.

En torno al financiamiento, los Estados deben asegurar el financiamiento de la Agenda 2030 para lo cual se requiere de reformas fiscales progresivas y la regulación de sistemas financieros y de los bancos centrales, los gobiernos deben emplear fuentes de financiamiento sostenibles y no seguir endeudando nuestras naciones. Para ello exigimos auditoría de las deudas públicas y mecanismos de resolución en el marco de Naciones Unidas.

Ante la injerencia e influencia del sector privado y la tendente privación del desarrollo en la Agenda 2030 exigimos el reconocimiento de las responsabilidades diferenciadas de cada sector y procesos de rendición de cuentas y transparencia, rechazamos la evasión y elusión fiscal de las empresas y las grandes riquezas que impiden la movilización inadecuada de los recursos domésticos.

Las alianzas público-privadas deben estar centradas en la perspectiva de respeto a los derechos humanos, en específico los derechos laborales y ambientales, priorizar la sustentabilidad, así como enfocarse en los sectores más vulnerados.

Nuestra Región de América Latina y el Caribe requiere también de un compromiso de cooperación internacional para la implementación de los ODS que respeten los principios de la cooperación eficaz para el desarrollo.

Solicitamos un real compromiso político para que la agenda 2030 sea una realidad en las comunidades de nuestra región, garantizando así la democracia, el desarrollo equitativo de los derechos humanos.

Ratificamos nuestro compromiso como Sociedad Civil de impulsar estrategias de participación diversas e inclusivas, tanto en el ámbito de seguimiento y evaluación, como la estrategia de los países en la implementación oportuna, armonizada y propositiva para promover políticas públicas garantes de los derechos humanos de todas las personas.