Posicionamiento Político de Sociedad Civil y Comunidades de América Latina sobre la Reunión de Alto Nivel sobre VIH – HLM2021

Fecha

10.05.21

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América Latina ha fallado en alcanzar todas las metas que sus Gobiernos se han comprometido relacionadas con el VIH. Nuestra región es la más desigual e inequitativa del mundo, esto afecta significativamente el acceso universal a los servicios de salud integrales en general y en particular a los de VIH/Sida: promoción de la salud, la prevención combinada, que incluye el testeo oportuno del VIH e ITS, el acceso al tratamiento para las personas con VIH, acompañado de las medidas de protección económica y social para las personas más vulnerables.

Nuestra región se caracteriza por tener una epidemia concentrada en poblaciones claves y vulnerables, somos los grupos de personas más estigmatizadas, discriminadas y criminalizadas. Al mismo tiempo, somos poblaciones con altos índices de pobreza, exclusión social y desempleo.

En la región, el número de nuevas infecciones de VIH no ha disminuido, lo que representa miles de nuevas personas diagnosticadas al año. A esto se suma, una pobre gestión de la información estratégica que no nos permite conocer mejor nuestra epidemia, tampoco nos es posible optimizar la asignación de los limitados recursos en intervenciones más efectivas, eficientes y oportunas para los que más los necesitamos.

Los niveles de estigma y discriminación hacia las personas con VIH nos empujan fuera de las cascadas de tratamiento antes de lograr la supresión viral y, día a día, aumenta nuestra situación de vulnerabilidad social por los altos niveles de exclusión en el mundo laboral y educativo.

En América Latina, vivir con VIH, no sólo representa un riesgo vital presente, sino también un alto déficit presente y futuro en materia económica, social y educativa. En América Latina enfrentamos un peligroso e insidioso crecimiento de grupos religiosos, fundamentalistas y anti-derechos, que han alcanzado una fuerte influencia en los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales de nuestros países, como resultado, se ha visto incrementada la relación peligrosamente simbiótica entre gobierno y las diversas religiones. Ello pone en riesgo nuestros logros en garantía de derechos alcanzados que han costado décadas. Reconocemos, que a pesar de los avances, hay grandes brechas normativas para la protección de nuestros derechos humanos.

Se estima que en América Latina existen ochocientos pueblos indígenas, los dueños originarios de las tierras, quienes son sujeto de discriminación y abandono social sistemático, con una carencia de programas que integren salud con pertinencia cultural. Esto los hace vulnerables al VIH, como también a la inseguridad alimentaria y educativa.

Muchos de nuestros gobiernos, han delegado su responsabilidad en la gestión de proyectos con fondos externos, como son las subvenciones del Fondo Mundial para el Sida, la Tuberculosis y la Malaria o PEPFAR, sin asumir su compromiso de aumentar la inversión nacional en salud y, particularmente, en los programas VIH. Los países de Latinoamérica no son prioritarios en la agenda de los donantes y se ven severamente amenazados por una tendencia en la reducción de la financiación, que golpeará con más fuerzas nuestros sistemas comunitarios. Esto se evidencia en aquellos países del mundo dónde los donantes han retirado las inversiones en salud, resultando en la pérdida de servicios integrales para las poblaciones, como también la extinción de las organizaciones de la sociedad civil, construidas por décadas, incluyendo su habilidad para monitorear y denunciar la baja inversión, la cuestionable gestión de la misma y la corrupción.

Hace más de un año, los países de Latinoamérica enfrentamos la pandemia del COVID-19; esto sin haber resuelto una pandemia previa: el VIH. En el mejor de los casos, nuestros gobiernos y sus ministerios, han dedicado todos sus recursos a la respuesta de la crisis del COVID-19, descuidando o suspendiendo los programas de VIH/sida, ITS, Tuberculosis, Salud Sexual y Derechos Reproductivos, Hepatitis Virales, entre otros y dejando a la deriva a muchas poblaciones clave y vulnerables que se encuentran enfrentando una emergencia sanitaria y social sin precedentes. Esto tendrá un costo significativo en morbilidad y mortalidad. Aún así, la nueva pandemia azota a los países latinoamericanos con respuestas sanitarias disparejas. Vemos con angustia como las vacunas para la COVID-19, tecnologías promisorias para controlar al coronavirus se almacenan en depósitos de países ricos. La concentración de alrededor de un 80 por ciento de las vacunas en los países desarrollados, deja en evidencia que la solidaridad internacional sanitaria es solo una postura retórica.

Las desigualdades, el estigma, la discriminación y la criminalización han aumentado las barreras estructurales en el acceso oportuno a la salud y la falta acceso a los recursos financieros sostenibles y previsibles para una respuesta integral al VIH. Nuestra región llega a una nueva Reunión de Alto Nivel incumpliendo las metas acordadas en la edición previa, del 2016. Y esta trayectoria hubiera quedado en evidencia con o sin la aparición de la pandemia del COVID-19.

Nunca hemos visto en la región un número tan significativo de países que afrontan profundas crisis democráticas, políticas e institucionales, resultado del mal gobierno, la pobre gestión, la intervención de los fundamentalismos religiosos, la pérdida de garantías, de derechos humanos y los altos niveles de corrupción. Esto resulta en la pérdida de liderazgo de los gobiernos en la respuesta al VIH. Estamos frente a un severo riesgo de perder las ganancias sanitarias y de la realización de Derechos.

Por todo esto, nosotres exigimos a los gobiernos de la región:

1. Comprometerse realmente con las metas de la Estrategia Global de Sida, y que la respuesta a la pandemia de COVID-19 no sea una excusa para desatender la respuesta a la pandemia por el VIH.

2. Introducir de cambios en los marcos legislativos y normativos, eliminar leyes punitivas que vulneran los derechos de las personas con VIH, poblaciones clave, y comunidades vulnerables al VIH. Los gobiernos y parlamentos deben proteger los derechos y responder a las necesidades de las personas, honrar la definición de Estado laico, alejados de las influencias de las iglesias y los credos.

3. Implementar medidas concretas para que los ministerios de salud, educación, protección social y seguridad, entre otros y sus programas recuperen su liderazgo en la respuesta gubernamental al VIH. No se logrará cumplir ninguna de las metas comprometidas sin un Estado presente al servicio de toda la ciudadanía.

4. Desarrollar programas de atención social integral para las personas que viven con VIH (atendiendo los efectos adversos, otras comorbilidades y el envejecimiento prematuro), las poblaciones clave y vulnerables que permitan asegurar el acceso a una alimentación y educación de calidad. Urge un compromiso estatal para la reducción de las desigualdades que hipotecan el futuro de una parte de nuestra población, en particular aquellas relacionadas al VIH.

5. Afrontar con urgencia la mejora del acceso y gestión de la información estratégica sobre el VIH, ITS, la Tuberculosis, las hepatitis virales y otras enfermedades asociadas que permitan tomar decisiones basadas en el conocimiento y las evidencias científicas.

6. Asegurar que en la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel se incluyan -por su nombre- a las Poblaciones Clave: Gais y otros Hombres que tienen Sexo con Hombres, personas que ejercen el trabajo sexual, las Personas Transgénero, las Personas que usan Drogas y Personas Privadas de la Libertad, como también, se nombren las poblaciones vulnerables: Jóvenes, Mujeres, Niñas, Niños, los pueblos Indígenas, poblaciones de minorías étnicas, Personas con Discapacidad y Poblaciones migrantes o desplazadas por crisis políticas y humanitarias.

7. Implementar programas y acciones para que las mujeres y jóvenes accedan a los servicios integrados de VIH y de salud sexual y reproductiva y al diagnóstico oportuno del VIH con el fin de erradicar la transmisión vertical de VIH y otras ITS, que incluyan programas de empoderamiento de las mujeres y niñas. Urge además la integración de los servicios de prevención y eliminación del abuso y la violencia basada en género, acortando la brecha en el acceso a la educación y el trabajo. Pedimos la inclusión de la Educación Sexual Integral en los planes de todos los niveles educativos y en otros espacios fuera del sistema educativo.

8. Implementar programas de prevención combinada en todos nuestros países, con acciones e intervenciones diferenciadas por población, orientados a reducir significativamente el número de nuevas infecciones, el acceso oportuno a pruebas diagnósticas y al tratamiento del VIH, para alcanzar la supresión viral sostenida; frenando así la circulación del VIH en la comunidad (indetectable es igual a Intransmisible). Un aumento en la disponibilidad de condones –masculinos y femeninos-, lubricantes, la Profilaxis Pre- Exposición del VIH, pruebas y auto-pruebas de VIH, entre otros insumos.

9. Garantizar la cobertura universal y sostenida del tratamiento antirretroviral óptimo, incluidos los antiretrovirales en formulación pediátrica, así como los insumos necesarios para el monitoreo de la infección, como pruebas de CD4 y Carga Viral.

10. Universalizar el acceso a la prevención y al tratamiento de la tuberculosis (sensible y resistente) en personas con VIH, siendo esta aún la principal causa de mortalidad.

11. Tomar las medidas necesarias para incrementar la participación significativa de las personas, organizaciones, comunidades y colectivos en el diseño, implementación y monitoreo de los programas e intervenciones de VIH. Dotar a las organizaciones y redes de los recursos necesarios, no sólo para prestar servicios comunitarios de calidad, sino para que los grupos y ONG puedan fortalecerse y sostenerse.

12. Profundizar medidas para frenar el avance de la pandemia por COVID-19, con intervenciones que consideren los derechos humanos y la intersección entre ambas pandemias. Los sistemas y servicios de salud y de protección social en la región no son resilientes y se encuentran afectados por la respuesta a la reciente pandemia, en detrimento de las respuestas al VIH. Aun así, las poblaciones más vulnerables, incluyendo las personas con VIH y afectadas por la tuberculosis deben ser priorizadas en los planes de vacunación, como también en el acceso a la ayuda económica y social durante esta crisis. Exigimos una profunda revisión de las violaciones a los Derechos Humanos que sucedieron en el marco de la emergencia sanitaria.

Nosotres exigimos a las Organizaciones Sanitarias Internacionales, al Sistemas de las Naciones Unidas y a la comunidad de donantes que con urgencia puedan:

1. Poner un freno al sistemático desfinanciamiento de nuestra región como resultado de una decisión política que se justifica con las estimaciones del Banco Mundial que no describen la realidad de los países llamados de renta media y alta.

2. Aumentar significativamente la presencia en nuestros países y la calidad del asesoramiento técnico a los Ministerios y Programas, de todos los países que aseguren alcanzar las metas al 2025.

3. Poner en marcha una hoja de ruta con la respectiva inversión de recursos financieros de asignación específica para el cumplimiento de las nuevas metas del Plan Global del Sida.

4. Intervenir en el accionar abusivo de la industria farmacéutica y aquellas proveedoras de otros insumos o tecnologías sanitarias para el tratamiento, cuidado y seguimiento de las Personas con VIH. Las patentes y el ejercicio inadecuado del Derecho a la Propiedad intelectual asfixia financieramente a muchos países en la región. Instamos a la urgente adopción de las salvaguardas del acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio (ADPIC) y el asocio intrarregional para la desarrollo y fabricación de medicamentos e insumos médicos.

5. Proveer acceso a financiamiento sostenido externo, sin condicionamientos, que permita a la sociedad civil, las comunidades y sus organizaciones cumplir su rol de control, monitoreo e incidencia política.

Las personas, organizaciones y comunidades que apoyan este pronunciamiento regional respaldan los objetivos y metas incluidos en la Estrategia Global del Sida e instan a los estados miembros a adoptarlos como compromiso en la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel sobre el VIH 2021.Así también, exigimos el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales relacionados a la respuesta integral al VIH y basada en los derechos, incluyendo los objetivos y metas planteados en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Solicitamos una revisión de medio término, no más tarde del 2023, para que podamos ponderar los avances y las demoras con el fin que los Estados Miembro rindan cuentas sobre el cumplimiento de las metas de la estrategia global. Las acciones u omisiones de nuestros gobiernos en los próximos años harán la diferencia entre acercarse o no a poner fin a la epidemia del sida en 2030, aún más en el contexto de la pandemia de COVID – 19.