Participamos junto a otras 10 organizaciones en la redacción del Informe Sombra de la Sociedad Civil, para supervisar la Implementación de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem do Pará” y denunciar las violencias que persisten a pesar de la ratificación de este acuerdo internacional.
“El Estado violenta cuando no permite interrumpir el embarazo de una niña que está embarazada producto de una violación”, señaló Gloria Leal Directora Ejecutiva de la Fundación Instituto de la Mujer, refiriéndose a estos embarazados forzados de niñas como una violencia institucional que atenta contra los acuerdos internacionales firmados y ratificados por Chile.
Así lo señalan 11 organizaciones que presentaron el Primer Informe Sombra de Chile para el seguimiento que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belém do Pará”.
La Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Litigación Estructural para América del Sur (Leasur), Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, el Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC), el Colectivo contra la Violencia Gineco-Obstétrica, la ONG Raíces, la Red contra la Violencia hacia las Mujeres, Corporación humanas, Corporación MILES Chile, y la Casa de Memoria José Domingo Cañas; coordinadas por la Fundación Instituto de la Mujer, hicieron llegar este informe al Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de esta convención (MESECVI), firmada en Chile en 1994 y ratificada en 1996, que además ha sido ratificada por 32 de los 34 países miembros de la OEA y sin embargo no es cumplida fielmente por Chile, señalaron.
El informe denuncia múltiples violencias contra las mujeres que no son enfrentadas eficientemente por parte del Estado, refiriéndose a las mujeres privadas de libertad, a las lesbianas, trabajadoras sexuales, niñas, estudiantes, mujeres mapuche, entre otras, y entendiendo la violencia contra las mujeres y niñas como una cuestión que sucede en los ámbitos público y privado y a todas las mujeres en su diversidad.
El texto denuncia la criminalización de los abortos en Chile, la desigualdad en leyes como la Sociedad Conyugal, la violencia gineco-obstétrica, los femicidios frustrados, el acoso callejero y la criminalización de la protesta social con abusos por parte de la fuerza pública.
“Es necesario que el caso de estas dos niñas que han sido violentadas sexualmente sirva para que el Proyecto de Ley sobre Aborto por tres causales, actualmente en trámite, incorpore más semanas de plazo para el caso de las niñas, puesto que en la práctica muchas se enteran con varias semanas de gestación de lo que les está ocurriendo”, señaló Leal.
Para mayor información al respecto puede accederse al informe completo:
