Durante los días 12 y 13 de enero de 2017, las Compañeras Trabajadoras Sexuales de la ASMUBULI y el SINTRASEXCO nos reunimos en la Ciudad de Barranquilla-Atlántico con el fin de apoyar y continuar el fortalecimiento regional en derechos fundamentales, derechos sexuales y reproductivos y derechos sindicales.
De igual manera se enfatizó en las Acciones Comunitarias en torno a la Sensibilización, Difusión y Capacitación Sobre el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Es importante resaltar que en Colombia La situación social y jurídica de la IVE no está penalizada. En el año 2006 y como resultado de una acción de inconstitucionalidad en contra del Código Penal Colombiano, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de las normas que penalizaban de manera absoluta el aborto en Colombia, y fue así como profirió la Sentencia C-355 de 2006.
Por lo anterior, se identificaron de forma amplia y literal las causales y requerimientos de esta sentencia, donde se analizó las diferentes situaciones en las que las mujeres han tenido dificultades para poder acceder a una IVE, estando dentro de las tres causales:
1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico;
2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.
3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.
Datos generales de la IVE en Colombia [[Datos tomados de “Guía de Capacitación para atención en salud de la interrupción voluntaria del embarazo”. Ministerios de Salud]]
En el país se realizan alrededor de 400.000 abortos cada año; la mayor parte de ellos de forma clandestina.
Desde nuestra experiencia como organización, venimos trabajando y estamos convencidas de que la única forma de disminuir la mortalidad materna, garantizar la libertad de todas las mujeres sobre nuestros cuerpos y promover la capacidad de las mujeres de tomar decisiones autónomas sobre nuestras vidas, es exigir el cumplimiento de nuestros derechos y lograr una alianza estratégica con el Estado, entidades de salud, academia, entre otros sectores, mediante la participación en políticas públicas para generar conciencia, difusión de información y educación sexual e integral, que garantice el acceso gratuito.
Por último, se extendieron otros temas tan importantes como lo fueron comprender el fenómeno de la violencia de género, permitiendo contrarrestar los factores de riesgo y también permitiendo desarrollar capacidades para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y derechos fundamentales.