Compartimos interesante nota de opinión escrita por Carlos Romero Prieto para el medio corresponsablesclaves.org acerca de los recortes del Fondo Mundial para el impulso y la participación de la sociedad civil en la lucha contra el VIH/SIDA.

Seguramente aún están frescas en la memoria de mucha gente las escenas de activistas viviendo con VIH y de la población LGBT apostados durante semanas en las puertas del congreso de la República para presionar a la firma del decreto 4309 que permitiría la continuidad de las acciones que sostenían la respuesta a la epidemia de VIH en el país financiadas por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria (FM). La perseverancia y legitimidad de los movimientos tuvieron efecto y en febrero del 2011 el Congreso Nacional emitió el decreto necesario. Todas las energías se concentraron en retomar las acciones de prevención, atención y control de la epidemia y restablecer en lo posible el funcionamiento de las unidades de atención integral y las acciones de prevención, así como el financiamiento y apoyo para las redes y organizaciones con trabajo de incidencia social y política.

Desde julio de 2011 a la fecha, las redes y organizaciones de la sociedad civil han monitoreado la respuesta al VIH, incluyendo coordinaciones con la Comisión de Salud del Congreso de la República para interpelar al Ministro de Salud; consiguieron la próxima apertura de una Defensoría especializada LGBT dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos, cabildearon por la Ley de identidad de género, la ley marco contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y la iniciativa de ley para regular el trabajo sexual en el Congreso de la República; presentaron la situación del país en cuanto a la vulneración de los derechos humanos de las personas LGBT ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e impulsaron y defendieron la campaña nacional contra el estigma y la discriminación, entre otras cosas.

No obstante el reconocimiento generalizado de estos procesos, las unidades que los impulsan quedarán a la deriva en septiembre, debido a la inadecuada planificación y negociación del Receptor Principal (RP), HIVOS, que incluyó los recursos destinados al sostenimiento de las unidades y acciones dentro de un paquete de reprogramación que el Fondo Mundial rechazó. La representante de HIVOS en Guatemala, Mariana Mansur, ha declarado que luego del cierre de la presente fase se abrirá un proceso de licitación y contratación, pero que es inminente un periodo sin recursos.

En toda la región es reconocida la complejidad del contexto guatemalteco y particularmente la coyuntura socio política evidenciada por las infames posturas de sus gobiernos nacionales y municipales, que se han opuesto a cualquier esfuerzo que promueva la igualdad en derechos para las personas LGBT.

Comunidades LGBT en la Audiencia ante la CIDH
Vale la pena recordar al RP, al Mecanismo de Coordinación de País (MCP) y a las y los funcionarios del FM que la sostenibilidad de la respuesta no depende solamente de la disponibilidad de medicamentos, y debe incluir estratégicamente acciones y procesos que permitan trazar y constituir los cambios sociales estructurales que garanticen el impacto de la respuesta al SIDA y lo mantengan en el tiempo.

Esta coyuntura es el resultado de una serie de errores en la planificación y gestión del RP ante el Fondo Mundial. Los recursos destinados para apoyar los proyectos antes mencionado fueron incluidos en un gran paquete de reprogramación que fue rechazado por el Fondo Mundial. Según Saira Ortega, de HIVOS, como Receptor Principal han agotado los mecanismos para adjudicar recursos para solventar la situación, lo que significa un vacío de financiación durante seis meses, asumiendo que la fase de continuidad que actualmente se gestiona sea aprobada.

Entre los procesos comprometidos destacan la presentación del anteproyecto de Ley de identidad de género al Congreso de la República planificado para noviembre próximo, el establecimiento de la Mesa Técnica de Alto Nivel con el Gobierno a partir del petitorio realizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que inicia el lunes próximo), el monitoreo a la Defensoría especializada LGBT dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos y el seguimiento a la Campaña Nacional contra el estigma y la discriminación.

Los movimientos de PVV, trabajadoras sexuales y LGBT reconocen y valoran el principio de complementariedad de los proyectos del FM y enfrentarán –una vez más- el reto de sostener las iniciativas, pero a la vez reclaman la co responsabilidad en los procesos iniciados como parte de un proyecto país. ¿Por qué el RP no disgregó las propuestas de reprogramación? ¿Por qué no se dio prioridad a las acciones de las organizaciones de la sociedad civil y en especial de las comunidades LGBT? ¿Cómo logró gestionar adecuadamente los recursos para los otros objetivos hasta marzo del 2013, pero dejó de mirar este? ¿Cómo asumirán las redes y grupos de base comunitaria compromisos de arrendamiento y servicios? Hay muchas preguntas en el aire y pocas respuestas. Según Yanira Tobar, referente local de REDTRASEX, “esto es un atentado a la organización comunitaria y una omisión grave por parte del RP y el MCP que garantizaron otros recursos pero desatendieron las acciones de la sociedad civil orientadas a impulsar y promover la participación de la sociedad civil«.

Las organizaciones que cesarían sus actividades son: La Organización Trans Reinas de la Noche/REDTRANS, la Red Legal de Derechos Humanos, Organización Mujeres en superación (Red de trabajadoras sexuales), La Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH, la Asociación Vida (Derechohabientes del seguro social Viviendo con VIH), Organización Lambda y Asociación Liberal de Izabal.

¿Dónde está la coherencia de los proyectos financiados por el Fondo Mundial con el fortalecimiento de los sistemas comunitarios? ¿Qué sucederá con los grupos y líderes formados y reconocidos? ¿Será que una vez más la cuerda se romperá por el lado más delgado? Todo pareciera indicar que sí.

Ojalá esta coyuntura nos sirviera de aprendizaje, pero no lo parece. Actualmente se desarrolla la propuesta de continuidad, respaldada también por los movimientos sociales, y los recursos propuestos para Impulsar y promover la participación de la sociedad civil en la lucha contra el VIH/SIDA han sido incluidos dentro del Objetivo 1 y se le ha asignado un reducido porcentaje del presupuesto. Incluso los montos propuestos para el funcionamiento del RP triplican los destinados para las acciones de fortalecimiento e incidencia política dentro de la propuesta. Esto ha sido criticado en múltiples ocasiones en el seno del MCP pero, al parecer, al momento de definir presupuestos se pierde de vista el sentido de integralidad de la respuesta.