Alertamos sobre la violencia institucional recrudecida que estamos viviendo las trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe
Llevamos años exigiendo a nuestros gobiernos el reconocimiento que como trabajadoras nos corresponde, para acceder así a las herramientas de defensa ante la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad cuando trabajamos, pero por prejuicios morales nos empujan una vez más -y como acostumbran- a la clandestinidad.
Somos un sector de la sociedad presente y persistente pero condenado al olvido y condicionado a la marginalidad, en medio de la pandemia la vulnerabilidad que enfrentamos se recrudeció: no contamos con programas o subsidios de apoyo para poder pagar nuestras rentas, en consecuencia nos echan a la calle y nos desalojan de nuestras viviendas; no podemos garantizar para nuestros hogares alimentos y pagos de servicios, en definitiva, en medio de la pandemia no podemos sustentar la economía que diariamente implica la vida. Nos conducen a tener que priorizar poder comer y no quedar tiradas en la calle con nuestras familias, por sobre cuidarnos para no contraer coronavirus.
Ante el hambre y la realidad injusta la única alternativa que tenemos es seguir trabajando y para ello debemos proveernos nosotras mismas de lo necesario para no contraer COVID, sin embargo, la policía y otras fuerzas de seguridad se ensañan con nosotras, como si en medio de lo que estamos teniendo que enfrentar nos hiciera falta un poco más de violencia estatal.
Es indignante que la fuerza pública siga violando nuestros derechos humanos ante el silencio de los gobiernos que no solo no atienden esa violencia sino que además, no dan respuesta a nuestras extremas condiciones de precariedad durante la pandemia. Y denunciamos también con mucha preocupación, el recrudecimiento de este accionar violento por sobre las trabajadoras sexuales migrantes en la región.
Hacemos responsables a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe de los femicidios, abusos, golpizas, violaciones y humillaciones a las que nos están sometiendo la policía y toda la fuerza pública de nuestros países a las trabajadoras sexuales.
Reiteramos nuestra exigencia -y no nos cansaremos de hacerlo- a los gobiernos de la región para que adopten medidas urgentes que puedan garantizar cobertura social para todas nosotras y que de una vez por todas cumplan con el mandato que les otorgaron los pueblos, el de velar por absolutamente toda la población.
Durante años hemos denunciado los abusos policiales sobre nosotras y lo hemos hecho con datos e investigaciones que nosotras hemos llevado adelante, también hemos sido nosotras, las trabajadoras sexuales, quienes en los últimos años hemos sensibilizado a 9100 agentes de policía y seguridad de Latinoamérica y el Caribe en el respeto a nuestros derechos humanos: ¿Qué más tenemos que hacer para que los Estados y sus gobiernos entiendan que somos personas sujetas de derecho, y que no nos pueden seguir excluyendo por su moral exponiéndonos a la violencia institucional que estamos padeciendo? Es inadmisible que ante la violencia policial en la región, el COVID haya pasado a ser un mal menor.
RedTraSex
Latinoamérica
29 de septiembre de 2020
#TrabajoSexualEsTrabajo
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