Las mujeres trabajadoras sexuales encarnamos las contradicciones de este sistema que nos necesita pero nos excluye; que pretende “salvarnos” mientras nos victimiza; que coexiste con nosotras pero nos condena a la clandestinidad y el maltrato, para que nadie siga nuestro ejemplo.

El comercio sexual brasilero fue centro de publicaciones variadas en los últimos tiempos, publicaciones que tanto con intenciones de sancionar como de “promocionar” nuestro trabajo aparecieron en los medios de comunicación.
Recientemente, la revista Rolling Stone, realizó una investigación periodística sobre las trabajadoras sexuales en Brasil y las situaciones que padecieron nuestras compañeras en las semanas previas al mundial. Allí denuncian que las trabajadoras sexuales del barrio La Mimosa, fueron víctimas de un desalojo violento que incluyó humillación, golpes y violaciones. Este desalojo no tenía motivo legal alguno, sin embargo fue ejecutado por las fuerzas policiales brasileras.
La nota muestra de manera compleja cómo el Estado brasilero se relaciona contradictoriamente con el “comercio sexual”, que es legal y está reglamentado en el país.

Esta relación, que boya entre la aceptación (y en el caso brasilero la normativización) y la represión y clandestinización (acompañada con el maltrato, la violencia y la siempre presente red de corrupción que se enriquece a costa de nuestro trabajo), es una característica de todos los gobiernos de la Región.
A pesar de que expresamente el Trabajo Sexual no se encuentra prohibido, se ha profundizado el estado de marginalidad al que las trabajadoras sexuales somos sometidas, que viene acompañado con un discurso que habla por nosotras y pretende mostrarnos como personas sin voluntad ni poder de decisión.
El Estado y los Gobiernos piensan en nosotras sin tenernos realmente en cuenta como personas con voz y derechos. No somos consideradas para la elaboración de políticas públicas, no somos parte de los debates en los que se habla de nosotras, no somos integradas como actores sociales.

Cuando el Estado “se acuerda” que existimos y las fuerzas policiales interceden, se pone en riesgo nuestra integridad, y con el fin de limpiar la moral de cierta parte de la sociedad, se nos ataca, esconde o presta a situaciones de vulneración.
No somos protegidas por el Estado, los medios no nos dan espacio y nuestras denuncias muchas veces no son tomadas en cuenta.
Las redes de corrupción que viven a costa de nuestro trabajo, dentro de las que se hallan beneficiados tanto el poder político como el judicial, garantizan que nuestro trabajo se ejerza en las condiciones más indignas, para poder sacar mayor provecho.
Lo que sucedió en Brasil, es lo mismo que sucede en otros países de la región. Los Estados actúan de manera pendular entre la doble moral, la persecución y el castigo hacia nuestro colectivo.

Las mujeres trabajadoras sexuales encarnamos las contradicciones de este sistema que nos necesita pero nos excluye; que pretende “salvarnos” mientras nos victimiza; que coexiste con nosotras pero nos condena a la clandestinidad y el maltrato, para que nadie siga nuestro ejemplo.