Mensaje de las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe ante la década de acción para al cumplimiento de la Agenda 2030 en el marco de la Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. – 16 de Marzo de 2021
Señora Presidenta, María del Pilar Garrido, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; Señoras y señores delegados de los gobiernos de América Latina y el Caribe:
El Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil del Foro Regional de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible constituye un espacio de diálogo entre representantes de gobiernos y de sociedad civil que debe mantenerse y profundizarse, sobre todo en el marco de la grave situación generada por la pandemia que ha alejado a la región del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS.
Cinco años después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nuestra región muestra un agudo estancamiento económico, agravado por la pandemia de la COVID 19 que generó la peor crisis económica, social y productiva de los últimos 120 años, marcada por el incremento a niveles exorbitantes de la pobreza, la desigualdad estructural y la brecha hacia el interior de los países y entre naciones, la distribución regresiva de los ingresos simultáneamente a la caída del PIB, el aumento de la deuda externa, el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización; coexistiendo con altos índices de corrupción en un entorno de impunidad; con violaciones a los derechos humanos, el aumento de las tendencias autoritarias, la persecución y criminalización de defensoras/res de derechos humanos, económicos, sociales, ambientales, culturales y laborales; la represión y criminalización de la protesta ciudadana, así como el avance del lawefare que promueve la polarización y la violencia política.
Las políticas neoliberales adoptadas por la mayoría de los países de nuestra región obstaculizan el logro de los ODS, por lo que hoy es aún más urgente un cambio radical en la acción de los gobiernos, y la puesta en marcha de un Nuevo Contrato Social. Ahora es la oportunidad para que los gobiernos junto con la sociedad civil, consideren los cambios necesarios para evitar el deterioro del planeta y reconozcan la necesidad de protección de la vida y la garantía de los derechos humanos, como políticas de Estado.
Desde las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, a través del Mecanismo de Participación ante el Foro de Desarrollo Sostenible, y con el aporte del Foro realizado ayer 15 de marzo de 2020 con participación de más de 250 organizaciones de la sociedad civil de la región, esperamos, a partir de un diálogo horizontal y transparente, como empezamos a realizar con el apoyo del Gobierno de Costa Rica, lograr una mejor rendición de cuentas y la apropiación democrática de la Agenda 2030, para poner en marcha las verdaderas y necesarias transformaciones políticas, sociales y cambios en el paradigma del desarrollo, punto de partida para el progreso del desarrollo sostenible
En ese contexto reiteramos la necesidad de:
1. Fortalecer nuestros sistemas democráticos y enfrentar la crisis del coronavirus desde un enfoque basado en derechos humanos, estableciendo políticas económicas progresivas, con sistemas que garanticen las medidas de prevención, sin profundizar el deterioro económico, de los países de la región, incorporando a los diferentes organizaciones y movimientos sociales, sindicales y organismos no gubernamentales. Lo anterior incluye políticas y programas que garanticen la distribución de las vacunas del Covid 19, el 90% de ellas fueron distribuidas entre los diez países más ricos del planeta y muchos países de América Latina y el Caribe no han recibido aún dosis alguna. El Fondo de Respuesta del COVID 19 de la OMS no ha dado muestras eficaces para los países en situación de mayor vulnerabilidad.
2. Realización de reformas a los sistemas fiscales que garanticen una justicia redistributiva, que cuente con mecanismos para evitar evasión y elusión de impuestos y la fuga de capitales, imponiendo impuestos a las grandes corporaciones, a la riqueza, al ingreso, a las transacciones financieras, y al comercio, así como posicionamientos orientados a resolver las crisis de las deudas externas.
3. Promover el trabajo decente que es una demanda no cumplida por los gobiernos de los países de la región. La OIT ha descrito la crisis del empleo en la región como una tragedia, observando la pérdida de 34 millones de empleos en el 2020. Resolver esta crisis requiere compromisos con el fortalecimiento del cooperativismo, promoción del trabajo decente, así como políticas de protección social destinadas a evitar el desempleo, reducir la informalidad y precariedad laboral y el quiebre de las pequeñas y medianas empresas, y mecanismos para garantizar una renta mínima a la población más vulnerable, evitando el aumento de la pobreza. Hoy más que nunca el “no dejar a nadie atrás” y un Nuevo Pacto Social -como pregona la OIT- depende de lograr un modelo de desarrollo que nos contenga a todos y todas y que aspire y construya un mundo con justicia social.
4. A pesar de la evidencia del incremento de la violencia, especialmente hacia las mujeres, la niñez y jóvenes en el contexto de la COVID19, la mayoría de los gobiernos no asumieron medidas significativas para frenarla y promover espacios habilitantes para la participación social. Es urgente, la protección, promoción, respeto y garantía de una vida libre de violencias, así como la sanción y cumplimiento efectivo de leyes y políticas que atiendan las necesidades de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y aseguren la erradicación de cualquier tipo de violencia y/o discriminación.
5. Garantizar el respeto a los Derechos Humanos de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Durante la pandemia de la COVID 19 se ha constatado la violación de derechos como el de la vivienda, educación, trabajo, acceso al agua, libre tránsito, a la tierra y territorio y a una vida libre de violencias. Es preocupante que en muchos países se mantiene la impunidad de los responsables de las violaciones a los DDHH. Demandamos especial atención para los grupos poblacionales integrados por personas con discapacidades, adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, población LGBTQI+, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinas, migrantes, trabajadores/as informales, vendedores/as ambulantes, trabajadores/as sexuales, personas viviendo con o afectadas por el VIH/Sida, evitando un mayor deterioro de sus condiciones de vida.
6. La protección de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, periodistas y defensores/as de derechos humanos es preocupante por la creciente criminalización, persecución, penalización y violación de derechos fundamentales que se ejerce sobre ellos y ellas, situación que se agudizó en el contexto de pandemia. Nuestra región es la más letal para quienes defienden los territorios y el medio ambiente, siendo Colombia, Brasil, México, Honduras, y Guatemala los países con mayor número de asesinatos en 2019 según Global Witness. Igual llamamos la atención sobre el creciente cierre de espacios cívicos para las diversas expresiones de sociedad civil a las que se les niega el derecho de asociación, participación e incidencia. Especial atención requiere la situación de Brasil por la violación sistemática a los derechos humanos especialmente de los pueblos indígenas, los ataques a sus tierras y las posturas negacionistas de la evidencia científica sobre la pandemia que ponen en peligro a toda su población.
7. En toda la región latinoamericana y el caribe los Pueblos Indígenas y los Movimientos Campesinos asisten a una permanente persecución política, encarcelamiento, asesinatos por defender nuestros recursos naturales y por la defensa de nuestros territorios. Por ello es fundamental la implementación del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los DD HH de los Pueblos Indígenas, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Así como las Directrices Voluntarias de Buena Gobernanza de la Tierra aprobada en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. La Declaración del Foro Internacional sobre Agroecología, Nyéléni en Sélingué, Malí, 27 de febrero de 2015.
8. En los países de la región no se está garantizando el derecho humano de las personas a la migración. Las políticas públicas no respetan la seguridad ni permiten la regularidad de las migraciones. Resulta imperativo adoptar enfoques inclusivos, basados en derechos y sensibles al género, que incluyan protecciones sociales duraderas en los países de origen, tránsito y destino; marcos de protección social sólidos; respuestas de emergencia que contribuyan a economías resilientes y sostenibles, y el acceso al empleo decente para los y las migrantes, en el marco de la adopción y cumplimiento de las Convenciones Internacionales y regionales sobre derechos de migrantes.
9. Datos desagregados sobre Derechos Humanos. Es necesario implementar acciones concretas basadas en datos desagregados, por etnia, raza, discapacidad, para planear respuestas bajo la perspectiva de la interseccionalidad e interculturalidad, así como programas y servicios para la reducción de las desigualdades.
10. Implementación de políticas públicas tendientes a fortalecer los sectores de la salud y la educación que han sufrido el mayor deterioro y falta de presupuesto desde hace años, potenciado por la privatización creciente. Ante la pandemia, sólo se han mejorado los servicios para la atención de la salud en casos de COVID19 y se hace urgente dar atención especial a la garantía de la salud sexual y salud reproductiva, de proveer servicios integrales, en este aspecto, como parte de los servicios esenciales, garantizar disponibilidad de métodos anticonceptivos, educación sexual integral y la interrupción legal del embarazo a partir de un trato digno y del respeto de los DDHH. Por su parte, la modalidad virtual de la educación evidencia la brecha digital existente por falta de acceso a la tecnología, que afecta al 46% de los niños, niñas y adolescentes de la región que tendrán grandes dificultades para la continuidad de su escolaridad y que será muy difícil recuperarlos.
11. Reconocimiento y respeto a las normas que reconocen nuestros Estados como Laicos como medida para frenar el avance de los fundamentalismos religiosos y de los grupos anti-derechos en los espacios políticos que niegan las evidencias científicas, fomentan el odio y la discriminación, y dificultan la implementación de políticas con perspectiva de derechos.
12. Activación de los compromisos de la cooperación internacional para el desarrollo, la cooperación Sur-Sur y entre los países desarrollados y los de renta media o baja. Se requiere el aumento del financiamiento por parte de los Estados y el cumplimiento de los de la Asistencia Oficial para el Desarrollo y la implementación de medidas tales como los Derechos especiales de Giro por tratarse de un momento de urgencia humanitaria.
13. Ratificación e implementación de los instrumentos internacionales como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; adopción del Programa de Acción del Decenio de la OEA; ratificación y cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT como el Convenio 169 y la aplicación de las Directrices de la Tierra sobre Seguridad Alimentaria Mundial (ONU); que se agilice un plan para implementar la Década de la Agricultura Familiar y los Derechos de los Campesinos de la ONU y el Decenio Internacional para los Afrodescendientes; que se ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y la Declaración de Incheon, del Foro Mundial sobre la Educación en 2015, y que atiendan a las demandas del Foro Político de Alto Nivel 2019 y del Foro de Juventudes ALC 2030.
14. La depredación de nuestro ambiente en beneficio de intereses económicos privados lleva a la humanidad al abismo. Por tanto, solicitamos que se declare a las regiones y países libres de transgénicos, se genere una transición justa a tecnologías limpias y empleos verdes y evitar el extractivismo, la deforestación y la contaminación del espacio aéreo y marítimo. Requerimos una especial atención al Caribe y Centro América que vienen sufriendo además de la crisis de salud, los embates de los desastres naturales quedando en islas y territorios con mayor vulnerabilidad.
La situación, que enfrenta nuestra región es de altísima gravedad e indica que las recomendaciones de la sociedad civil no fueron escuchadas por lo que en este IV Foro esperamos dialogar sobre nuestras denuncias, diagnósticos y propuestas para la implementación de políticas públicas sin demora alguna.
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