La CIDH ha expresado su preocupación por la falta de seguridad jurídica en que se encuentran las mujeres trabajadoras sexuales en América.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la falta de seguridad jurídica en que se encuentran las mujeres trabajadoras sexuales en América, para lo cual urge a los Estados de la región a diseñar normativas y políticas públicas, incluyendo medidas para proteger su vida, su integridad, su honra y dignidad, así como para poner fin a la estigmatización y discriminación de la que son objeto.
Cabe recordar que la CIDH recibió información alarmante sobre la situación de derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en América durante una la primera audiencia en que se abordó este tema, celebrada el 18 de marzo de 2017 en el marco del 161 Período de Sesiones de la CIDH.
Las solicitantes de la audiencia, señala la Comisión, expusieron sobre el alto índice de asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales, el alto índice de impunidad que existe para esos crímenes, las barreras en el acceso a la justicia, la violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y otros agentes estatales, entre otros graves problemas. Asimismo, la CIDH sostiene que plantearon problemas en la aplicación de las leyes y normativas contra el tráfico de personas, indicando que muchas veces los operativos terminan perjudicando a las mujeres trabajadoras sexuales.
En ese sentido, la presidenta de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), Elena Reynaga, afirmó, en la audiencia, como cita la Comisión que “los Estados deben adoptar leyes que reconozcan nuestra actividad de trabajadoras sexuales como una actividad lícita y generar políticas públicas para generar mejores condiciones de trabajo para nosotras. El mundo dice que nuestro trabajo es indigno. Nosotras decimos que el trabajo siempre es digno, pero son indignas las malas condiciones en que hoy estamos sumergidas las trabajadoras sexuales en la región”.
Respondiendo a los comentarios de las participantes, la Relatora de la Comisión Interamericana sobre los Derechos de las Mujeres, Comisionada Macaulay, manifestó su acuerdo con que el trabajo siempre es digno, y señaló que lo que es indigno es, por ejemplo, la forma en que son tratadas las trabajadoras sexuales por parte de agentes estatales, por ejemplo fuerzas policiales y jueces y juezas. “De manera de progresar en la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales, el trabajo sexual debería ser descriminalizado”, indica.
A continuación, la CIDH aduce que las participantes aportaron el resultado de una investigación que indica que 7 de cada 10 mujeres trabajadoras sexuales fueron víctimas de violencia en el último año. El mismo estudio señala que 8 de cada 10 trabajadoras sexuales no hacen denuncias, añade.
“Casi 9 de cada 10 de estas mujeres identificó que sus agresores eran policías, fuerzas armadas, agentes de migración y funcionarios de justicia. Es decir, en la mayoría de los casos se trató de violencia institucional”, dijo Haydeé Laínez Cabrera, otra dirigente de RedTraSex, según el documento de la CIDH.
Finalmente, la CIDH expresa que otro tema preocupante planteado en la audiencia, fue el impacto negativo que tiene sobre las trabajadoras sexuales las leyes de combate al tráfico de personas. El tratamiento que se le ha dado en la mayoría de los países “no realiza una clara distinción entre la trata de personas y el trabajo autónomo, y generan distintas formas de intervención policial, judicial y administrativa que redundan en una criminalización del trabajo sexual, reducen los ámbitos de trabajo posible para las trabajadoras sexuales autónomas, y termina afectando gravemente los derechos humanos de las mujeres que realizamos esta actividad por decisión propia”, dijo María Lucila Esquivel, otra líder de la RedTraSex.