Alianza por los DDHH e Inclusión de las Personas Trabajadoras Sexuales en Latinoamérica y Caribe
La Alianza por los Derechos Humanos y la Inclusión de las personas Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe exige el cese de la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual y exhorta a los estados a proteger sus derechos humanos.
Las organizaciones impulsoras somos redes líderes de la sociedad civil y organizaciones de Derechos Humanos. Tenemos décadas de experiencia y conocimientos en Derechos Humanos, salud y derechos sexuales y reproductivos, VIH, reducción de daños, derechos de las personas LGBTIQ+, derechos digitales, lucha contra la trata de personas, migración y justicia racial, entre otros temas.
Dentro de estos numerosos campos de especialización, hemos llegado a la misma conclusión: La criminalización no es la solución.
Nuestros objetivos
Esta Alianza busca visibilizar a las personas trabajadoras sexuales, que a los ojos de los Estados son invisibles, quedando en una situación de total desprotección y vulneración de sus derechos.
Las personas que se dedican al trabajo sexual, principalmente mujeres cis y trans, están expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra sus Derechos Humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación, así como tortura y asesinatos.
Luchamos por terminar con las condiciones de explotación a las que son sometidas las personas que no tienen el amparo del Estado, debido a legislaciones anacrónicas y sin tener en cuenta la voz de lxs protagonistas. Además, condenamos enérgicamente la trata de personas y el trabajo forzado.
Buscamos que se garanticen políticas públicas y legislaciones que protejan los Derechos Humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y que combatan los delitos y abusos que hoy se ejercen hacia miles de ellas.
Nuestros principios
Entendemos que en un mundo que está en plena deconstrucción de paradigmas anclados en el patriarcado, es urgente garantizar los derechos de un sector que se autodetermina y ejerce el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida y su cuerpo.
Las personas que ejercen el trabajo sexual lo hacen por propia voluntad, son mayores de edad y entienden esta tarea como un medio para generar sus ingresos. Criminalizar las relaciones sexuales adultas, voluntarias y consentidas -incluido el intercambio de servicios sexuales- es incompatible con los Derechos Humanos a la autonomía personal, la dignidad y la intimidad, entre otros, a la vez que, negar la capacidad de acción a un grupo determinado de mujeres no solo es absolutamente patriarcal, sino que también se opone a todas las convenciones y convenios que pretenden reforzar el derecho de las mujeres a dar o negar su consentimiento.
Solo adoptando un enfoque basado en Derechos Humanos, despenalizando todos los aspectos del trabajo sexual e incluyendo de manera significativa y genuina a las personas trabajadoras sexuales y defensoras de sus Derechos Humanos dentro de la toma de decisiones se les podrá proteger.
La criminalización de las relaciones sexuales consentidas y remuneradas entre personas adultas sigue repercutiendo negativamente en la vida de las personas trabajadoras sexuales y, en particular, en su acceso a la salud y la justicia.
A pesar de los llamamientos de algunas organizaciones para «abolir la prostitución» con el fin de «proteger» y «rescatar» a las personas que venden servicios sexuales, no hay pruebas de que criminalizar a trabajadoras sexuales, a sus clientes o a terceros tenga un impacto positivo en la vida o en los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales.
Por el contrario, décadas de pruebas procedentes de la investigación académica, de organizaciones de la sociedad civil y de las propias trabajadoras sexuales indican claramente que la represión policial y la criminalización perjudican directamente la salud, el bienestar y la inclusión social.
Es importante destacar el proceso que desde 2003 se desarrolla en Nueva Zelanda, donde hay evidencias que demuestran los cambios sustanciales en las vidas de les trabajadores sexuales a partir de la despenalización del trabajo sexual. Este Estado realizó amplias convocatorias y discutió políticas públicas teniendo como premisa el cese de la violación de derechos, evitando generar reglamentaciones punitivas con una alta carga moral que terminan criminalizando a las personas. Los índices de violencia han bajado drásticamente.
Desde Alianza por los Derechos Humanos y la Inclusión de las Personas Trabajadoras Sexuales, buscamos que:
- Los Estados reformulen las leyes para reorientarlas a la protección jurídica plena e igualitaria, en lugar de la criminalización, y conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura.
- Se tomen medidas para luchar contra el estigma y contribuir al empoderamiento de las personas trabajadoras sexuales, con pleno reconocimiento y respeto hacia la participación activa de las personas implicadas en la articulación y definición de soluciones más apropiadas para garantizar sus derechos humanos.
- Garantizar que todas las personas trabajadoras sexuales tengan acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los servicios de salud integral; asimismo, se debe garantizar el acceso a la justicia en casos de violaciones a sus derechos humanos.
- El papel de las personas trabajadoras sexuales y las organizaciones que las acompañan en el diseño de políticas públicas y leyes, así como en el combate y la prevención de la trata de personas y el trabajo forzado sea reconocido, reforzado y amplificado.
¡Aliate a la defensa de los derechos del trabajo sexual en Latinoamérica y el Caribe!
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