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1/08/2012 - Colombia

Funcionario público exige "favores" sexuales

Compañeras de ASMUBULI, organización miembro de la RedTraSex, denunciaron el abuso de un funcionario público que exigió “favores sexuales” a trabajadoras sexuales por no portar su carnet de salud.

Si bien desde 1997 existe el Decreto 1543 según el cual el Ministerio de Salud Pública de Colombia prohíbe realizar pruebas compulsivas o la exigencia de carnet o certificado con referencia a ETS o VIH, la realidad de las trabajadoras sexuales de Nariño indica algo distinto.

En el mencionado departamento no se cumple esta normativa y recientemente compañeras de allí denunciaron que un funcionario de la Secretaría de Salud les exigió favores sexuales a cambio de no denunciarlas por tener sus carnets de salud vencidos.

Lamentablemente aún resulta una realidad común a quienes ejercen el trabajo sexual, verse imposibilitadas de gozar la plenitud de sus derechos por imposiciones legislativas que violan los derechos individuales en una supuesta e infundada lucha por proteger valores sociales de ciertos grupos de estas sociedades.

Según relatan las integrantes de ASMUBULI “este carnet todavía es obligatorio en ciertos departamentos con costos de 30 dólares y a las trabajadoras sexuales se nos exige exámenes ginecológicos y epidemiológicos. Que se derogue este carnet obligatorio en todo el país ha sido nuestra lucha de años”. Otra dificultad que enfrentan las trabajadoras sexuales de Nariño son los altos costos para realizarse exámenes médicos. “Si bien en el Decreto 1543 se plantean campañas de prevención gratuitas, la prueba de VIH es muy costosa y para muchas compañeras es muy difícil sostenerlo”, explicó Fidelia Suarez, presidenta de ASMUBULI.

Mientras en Colombia el trabajo sexual es reconocido como trabajo con todos los derechos laborales que corresponden (*según sentencia TC 629/2010*), la falta de claridad y de regularización en ciertas normativas facilita el acoso permanente de la policía y de otros funcionarios públicos como grafica este caso denunciado por ASMUBULI.

Fidelia Suárez explicó que esta misma situación sucede desde hace muchos años, pero que nunca salió a la luz ya que las trabajadoras sexuales afectadas no se animaban a declarar. Ahora gracias al trabajo de ASMUBULI, las compañeras han dado un gran paso en la defensa de sus derechos.

Sin respuestas
La presidenta de la organización declaró haber intentado reunirse con el funcionario cuestionado, pero que este le negó todo tipo de entrevista. Asimismo envío de manera escrita la denuncia a la secretaria de Salud de Ipiales, Patricia Acte, quien solo se esforzó en responder con agresiones y groserías.

Hasta el momento ningún funcionario ha dado explicaciones por estos hechos de corrupción y abuso. Las trabajadoras sexuales siguen esperando que alguien las atienda y resuelva de una vez por todas estas faltas de seguridad para el ejercicio del trabajo sexual.

Dar visibilidad a estas situaciones de impunidad es nuestra responsabilidad, porque estamos convencidas de que es la única manera de fortalecer el proceso de empoderamiento de nuestras compañeras para que consigan políticas cada vez más justas y equitativas.

Repercusiones en la prensa:
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