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13/07/2017 - En la prensa

Trabajadoras sexuales reclaman la liberación de una mujer acusada de regentear un prostíbulo

Aseguran que son parte de una cooperativa de trabajadoras sexuales autónomas y que realizan la actividad por voluntad propia. Exigen que les permitan volver al departamento del que fueron desalojadas este miércoles.

Este miércoles, efectivos de la Policía Federal realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado en Italia y 3 de Febrero y detuvieron a una mujer y a un hombre acusados del delito de trata de personas. En la oportunidad, según se informó, también se habían rescatado a cinco mujeres que presuntamente eran obligadas a ejercer la prostitución.

Sin embargo, con el transcurso de las horas, las propias supuestas víctimas se concentraron en la sede del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata para reclamar la liberación de Amelia–detenida e incomunicada en esa sede- y aclarar que ninguna de ellas es una esclava sexual.

“Amelia y las otras cinco mujeres conformaron una cooperativa de trabajadoras sexuales y alquilaron ese lugar para poder trabajar. Comparten los gastos de alquiler, servicios y demás; ninguna está ahí porque la obligan”, enfatizó María López, referente local de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar).

López tomó conocimiento de la situación a última hora del miércoles, cuando las compañeras de la mujer detenida se acercaron a pedirle ayuda. “Se llevaron detenida, como suele hacerse en estos casos desde la sanción de la ley de Trata, a la mujer de mayor edad, porque para ellos es la que no puede trabajar y por eso consideran que es la que regentea, la proxeneta”, aseguró en diálogo con 0223.

También aclaró que el otro hombre que resultó detenido durante el operativo “es una expareja de Amelia” pero que “no tiene nada que ver con ellas”. “A él lo detuvieron tras un allanamiento en otro domicilio”, detalló.

Acompañada por las cinco trabajadoras sexuales que fueron desalojadas del lugar -quienes desde temprano se concentraron en la sede judicial Bolívar y Viamonte a la espera de novedades sobre la situación de Amalia-, López advirtió: “Acá están las supuestas víctimas, no son víctimas y si lo fueran, las dejaron tiradas”.

A su vez, lamentó el hecho de que “se siguen llevando mujeres que no son esclavas sexuales, sino trabajadoras sexuales autónomas”, y aseguró: “Ahora vamos a levantar la voz y hacernos escuchar”. En ese sentido, anticipó que este viernes pedirán la intervención de la Dirección de Derechos Humanos del municipio que dirige Sonia Rawicki. POr el momento, sólo recibieron muestras de solidaridad de Amadi, Ammar, Atttar, el Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades de la Facultad de Humanidades de la Unmdp, Fuertsa y la Red de Personas viviendo con VIH.

Al mismo tiempo, reparó en que las cinco trabajadoras sexuales “ahora quedaron en la calle” y que su situación es muy compleja ya que la mayoría son sostén de familia. “Las dejaron libres, les dieron un papelito con un número de teléfono por si necesitaban hablar con alguien y les dijeron que si necesitan les pueden dar un bolsón de comida. Esa es la protección, así cuidan a las víctimas en la Argentina. No son víctimas, son mujeres muy emponderadas y por eso están aquí, frente al Juzgado, pidiendo por la libertad de su compañera”, insistió.

Por último, la dirigente de Ammar evaluó que “la nueva ley de Trata no sirve para rescatar a las víctimas, sino para estigmatizar a las trabajadoras sexuales autónomas”.
“Somos víctimas de la sociedad, del gobierno y de la Justicia”
Por su parte, Paola, una de las mujeres desalojadas durante el operativo llevado adelante en un departamento de Italia y 3 de Febrero, aseguró que el accionar de las fuerzas de seguridad “fue violento” y que, incluso, “las asistentes sociales trataban de direccionar las declaraciones” que les tomaron.

“Fue horrible. Yo estaba trabajando cuando ingresaron de forma muy violenta. Me sacaron prácticamente desnuda y después nos pusieron a un costado como si fuéramos delincuentes, cuando supuestamente éramos las víctimas”, relató.

“Somos víctimas de la sociedad, del gobierno y de la Justicia. Nos quedamos sin trabajo, con una compañera presa e incomunicada. Los hijos tampoco la pudieron ver, no sabemos nada”, dijo la mujer en diálogo con este medio.

Preocupada por la salud de su compañera y por el futuro de cada una de ellas, Paola, que se había incorporado a la cooperativa hacía apenas siete meses, consideró que “es una injusticia que nos saquen de nuestro lugar de trabajo y nos dejen en la calle”. “Este es mi trabajo, el de todas. Ninguna está obligada ni cobra porcentaje de nada. Cada una se maneja como quiere, lo único que compartimos son los gastos”, agregó.

A su turno, Sol, coincidió en que atravesaron un “momento horrible” cuando irrumpieron los efectivos de la Policía Federal y señaló: “Nunca recibimos contención, al contrario, nos trataron como delincuentes. Nos están perjudicando, nos dejaron sin trabajo y en la calle”.

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