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14/07/2017 - En la prensa

La Federal realizó un allanamiento en una cooperativa del sector. Los medios lo vendieron como un "rescate".

En el día de ayer la Policía Federal realizó un allanamiento a una cooperativa de trabajadoras sexuales ubicada en 3 de Febrero e Italia, ciudad de Mar del Plata. Desde los medios la noticia trascendió como un rescate a cinco mujeres víctimas de trata, por el cual detuvieron a un hombre y una mujer.

Representantes de Ammar se reunieron con tres de las chicas que trabajaban en ese domicilio y nos informaron que quien se encuentra detenida es Amelia, una de las cinco mujeres que alquilan de manera conjunta el domicilio allanado, para ejercer allí su trabajo autónomamente. Durante el allanamiento separaron sin motivo a Amelia del resto de las mujeres que estaban en el lugar y se la llevaron detenida, mientras las demás fueron llevadas al juzgado federal para declarar.

Como hemos denunciado en los innumerables casos de detención de mujeres trabajadoras sexuales, en los allanamientos realizados en el marco de la ley anti-trata, quienes operan desde el Estado buscan víctimas y victimarios. Cuando no los encuentran, como en el caso de quienes trabajan de manera autónoma y cooperativa, ciertas características les permiten construir responsables de un delito, aún cuando no lo hay. Amelia es la mayor en edad y el alquiler del inmueble que comparten está registrado a su nombre. Su caso responde a una seguidilla de detenciones a mujeres trabajadoras sexuales por el delito de de Trata. No es un dato menor que la mitad de las personas condenadas por dicho delito sean mujeres.

Quienes ejercían la prostitución en esa casa no se encontraban trabajando en contra de su voluntad e insistieron en que no eran víctimas, que trabajaban ahí cooperativamente y por su cuenta, tanto en sus declaraciones como frente a las psicólogas del equipo profesional que lleva adelante el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas por el Delito de Trata de Personas pero de todos modos fueron consideradas como víctimas. El ¨acompañamiento¨ que les brindaron, frente al reclamo de no poder trabajar debido al allanamiento y a la retención de las llaves del inmueble, fue la posibilidad de una entrega de una bolsa de comida y sus tarjetas "por si necesitaban algo".

Hoy convocaron a una movilización frente a Tribunales para pedir por la inmediata liberación de Amelia, donde asistieron las mujeres que trabajaban junto a ella, Malu Lopez, la Secretaria General de AMMAR Mar del Plata e integrantes de Fuertsa.

El pasado sábado ocurrió algo similar en la provincia de Neuquén, donde ocurrió un allanamiento en una casa donde trabajaban en el cual la policía les robó el dinero, sus celulares e incluso la gata que vivía con ellas.

En el procedimiento las llevaron a la comisaría engañadas, para averiguación de antecedentes y después les clausuraron el lugar. Ante la insistencia de una trabajadora sexual para llamar a su hijo uno de los policías le respondió “Te hubieras buscado un trabajo más digno” y luego a otra que era dominicana le dijeron “Por qué no te vas a prostituir a tu país”, por lo que no solo las detuvieron arbitrariamente sino que además, tuvieron que padecer discriminación por parte de las fuerzas de seguridad.

“Nos están dejando sin trabajo. Nuestras compañeras se quedaron en la calle y se les llevaron todo el dinero. Estamos cansadas de la persecución policial y de que vulneren nuestros derechos. Todo esto sucede porque existe un vacío legal que nos obliga a trabajar en la clandestinidad. Nosotras solo queremos trabajar tranquilas y por eso reclamamos una ley que regule el Trabajo Sexual”, señaló al respecto Teresa Godoy, Secretaria General de Ammar Neuquén.

La persecución a las trabajadoras sexuales bajo las políticas anti trata es algo que sucede a diario, donde la policía les cobra coimas compulsivamente y les allana su lugar de trabajo, donde la mayoría además vive, dejándolas en la calle sin lugar donde trabajar ni dormir.

A pesar de que el trabajo sexual no es ilegal en Argentina, todos los lugares donde se pueden ejercer están criminalizados y esto hace que bajo operativos, se clausuren nuestros lugares de trabajo o las formas que tenemos de publicitar nuestros servicios, obligadas a trabajar en cada vez más clandestinidad y en constante vulneración de derechos.

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