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En el marco del Día Internacional de No Violencia Contra las Mujeres

29/11/2016 - Argentina

Según estadísticas de Ammar, la policía es la institución que más violenta a las Trabajadoras Sexuales

Así lo revela el primer informe del Observatorio de Violencia Institucional hacia las Trabajadoras Sexuales OVITS creado en el 2015 por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina Ammar. Los datos obtenidos a través de la Línea Roja, un canal telefónico de denuncia, evidencian que el 76% de los casos de Violencia Institucional hacia Trabajadoras Sexuales son perpetrados por la policía.

En el marco del Día Internacional de No Violencia Contra las Mujeres, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina Ammar, presenta el primer informe sobre Violencia Institucional elaborado a partir de las denuncias de Trabajadoras Sexuales que se recibieron en la línea roja -0810-999-0763-. Además, socializa la actualización del Registro Nacional de Femicidios hacia Trabajadoras Sexuales con los casos presentados este año. Con estos datos, Ammar busca demostrar la constante vulneración de derechos que sufren las meretrices en Argentina.

Según el Informe del OVITS, el 81% de llamadas que se recibieron en la Línea Roja fueron por Violencia Institucional, la cual fue ejercida principalmente por la policía. Otros funcionarios mencionados fueron los operadores judiciales, denunciados principalmente por discriminación y también las psicólogas cuando la llamada fue por allanamientos a departamentos privados o boliches. El 87% de casos de violencia institucional se presentaron en los lugares de trabajo que corresponden en un 52% a espacios privados y un 48% a espacios públicos.

“Las Trabajadoras Sexuales sufrimos violencia institucional constantemente. Ahora con los datos de la línea roja logramos consolidar algunas estadísticas para respaldar lo que venimos denunciando desde hace décadas. Ejercer en la clandestinidad, el abandono por parte del Estado y las normativas que criminalizan y estigmatizan nuestro trabajo habilitan la discriminación y la vulneración de nuestros derechos por diversas instituciones y principalmente por parte de la policía, a la que en muchos casos tenemos que pagarle coimas para que nos dejen trabajar. El nuestro es un canal de denuncia atendido por las mismas trabajadoras sexuales pero sería importante contar con canales de denuncia libres de estigma y discriminación hacia nuestro sector en el Estado”, dijo Georgina Orellano, Secretaria General de Ammar Nacional.

Las denuncias recibidas por Ammar fueron realizadas en un 75% por Trabajadoras Sexuales que ejercen en Capital Federal y el 25% en distintas provincias del País. En cuanto a CABA las situaciones de violencia se presentaron principalmente en Constitución, Microcentro, Flores, Tribunales y Palermo y a nivel provincial principalmente en San Juan. Los otros tipos de violencia denunciada que equivalen a un 13% incluyen desde violencia física, hasta discriminaciones, intimidaciones y violencia de tipo económica y psicológica. Por ejemplo, una de las denunciantes manifestó que el dueño de un bar impedía su ingreso para consumir porque conocía su ocupación y manifestó que su presencia podía poner en riesgo la habilitación del establecimiento.

Cabe resaltar que la amplia mayoría de los llamados entrantes corresponden a trabajadoras sexuales que manifestaron trabajar de manera autónoma. Las mismas aseguraron que no presentaron las denuncias a nivel estatal por temor a ser discriminadas y cuando lo hicieron no mencionaron su trabajo por la misma razón.

Con relación al Registro Nacional de Femicidios hacia Trabajadoras Sexuales, Ammar denuncia que el 91% de los casos queda en la impunidad. Este año se presentaron cinco casos. Dos en Las Heras, Mendoza (Daniela Núñez y María Noemí Suarez), uno en Santa Fe (Gisela Beatriz Bustamante), uno en Entre Ríos (Jéssica Dos Santos) y otro en Neuquén (Rosario Gladys).

El Registro Nacional de Femicidios hacia Trabajadoras Sexuales en Argentina es realizado por AMMAR a partir de documentos públicos, artículos periodísticos e investigaciones difundidas en distintos medios. Aunque la Organización reconoce que no logra revelar la totalidad de los crímenes que se han presentado, sí permite dar cuenta de que no son hechos aislados sino que obedecen a políticas y prácticas sociales que estigmatizan y penalizan el ejercicio del Trabajo Sexual.