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31/03/2016 - Colombia

Colombia: SINTRASEXCO es el primer sindicato de trabajadoras sexuales del mundo

Por: J.V.
ASMUBULI es la organización de mujeres trabajadoras sexuales de Colombia que lucha desde el 2008 por el reconocimiento del trabajo sexual autónomo por parte del Estado. El año pasado, la organización empezó una historia nueva: una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia les otorgó la jurisprudencia que necesitaban para que su mayor demanda se transforme en realidad. El 26 de noviembre nació el SINTRASEXCO; el primer Sindicato del mundo conformado y dirigido por mujeres trabajadoras sexuales, y reconocido por el Ministerio de Trabajo.

Cuando L. tenía 24 años y un hijo de dos años, empezó a trabajar en Pandemo, un bar de Bogotá. Había hablado con el que sería su jefe y de palabra arreglaron un contrato: ella trabajaría desde las tres de la tarde hasta las tres de la mañana, todos los días, y tendría un franco cada 15 días. Su jefe le iba a pagar por sus servicios sexuales en el bar. Pero un año más tarde, en diciembre, se enteró que estaba embarazada y la hicieron trabajar sin cobrar por más de tres meses.

L. fue al Ministerio de Protección Social y mandaron una carta a su jefe. Él no la respondió. Insistió en la Defensoría del Pueblo y pese a que lo presionaron, no dijo nada. La demanda llegó a la Corte Constitucional de Colombia, y el juez Juan Carlos Henao firmó la sentencia T-629/10: la Corte de Colombia obligaba al dueño de Pandemo a hacerse cargo de pagar el tiempo que L. estuvo sin cobrar y las doce semanas de descanso remunerado a las que ella tenía derecho por estar embarazada.

Además de garantizarle sus derechos, la causa sentó jurisprudencia: la Corte Constitucional de Colombia estaba ratificando que el trabajo sexual era un trabajo. “Debe de considerar al trabajador o trabajadora sexual como sujeto de especial protección, por ser la parte débil del contrato y sobre todo por las condiciones propias del trabajo y la discriminación histórica y actual de la que suele ser víctima por la actividad que ejercen”, decía el fallo.

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La Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI) es una organización de mujeres trabajadoras sexuales que lucha desde junio de 2008 por una ley que regularice el trabajo sexual autónomo. Al principio sólo tenían representación en la capital colombiana, pero con el paso del tiempo pudieron ampliar las redes y abarcar gran parte del territorio nacional.

A partir de la sentencia del juez Henao, las trabajadoras sexuales de Colombia pudieron empezar a reclamar lo que les pertenecía. Si el trabajo sexual estaba reconocido por el Estado, debía tener un sindicato que pueda defenderlas. El 26 de noviembre de 2015 las mujeres de ASMUBULI se acercaron al Ministerio del Trabajo a registrar el primer sindicato de trabajadoras sexuales del mundo: el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, SINTRASEXCO.

La secretaría de la economía informal de la Confederación de Trabajadores de Colombia las asesoraron. “En la CTC diferenciamos los dos términos: no hablamos de prostitución sino de trabajo sexual autónomo. La primera puede incluir el forzamiento de la persona que lo ejerce, la trata de blancas, el uso de menores de edad, la pornografía infantil. Y el segundo es cuando las mujeres se reconocen como trabajadores sexuales, lo hacen voluntariamente y lo consideran su forma de vida. Pero como es el único trabajo que es visto con la lupa de la moralidad, le niegan los derechos en términos de Trabajo Decente, cuando en realidad es el oficio más antiguo del mundo”, dijo a la prensa Mirta Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de la CTC.

“Nosotras prestamos un servicio con nuestro cuerpo y recibimos una remuneración por ello. Pero no queremos que nos vean como un foco de infección, somos seres humanos. El trabajo sexual no es indigno, indignas son las condiciones en las que lo realizamos. Por eso pedimos el reconocimiento de nuestro trabajo e igualdad de derechos, como cualquier trabajadora”, dijo Fidelia Suárez, la coordinadora nacional de ASMUBULI a la prensa en el momento de la inscripción.

El caso colombiano es un precedente único en el mundo. Como las leyes son similares a las de todos los países de América Latina, el recorrido legal puede ser parecido para constituir sindicatos de trabajadoras sexuales en todo el continente.

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Cuando L. le contó a su jefe que estaba esperando mellizos y que el embarazo era de alto riesgo él le cambió las tareas. Iba a administrar el bar, pero el arreglo duró pocos días. El 22 de febrero, el jefe no quiso pagarle más y la obligó a trabajar de nuevo doce horas, con un embarazo de más de tres meses.

L. vivía en una pieza alquilada en el Barrio Jerusalén, y no podía dejar de trabajar porque su panza crecía, y tenía que darle de comer a su otro hijo. El 24 de marzo tuvo que ir a hacerse un control ginecológico; tenía cita a las dos y media de la tarde. Le avisó a su jefe, pero llegó a Pandemo veinte minutos más tarde del horario habitual y no la dejaron entrar. Le dijeron que ya no había más trabajo para ella porque estaba embarazada, y habían conseguido que otra persona.

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La mayoría de las organizaciones de trabajadoras sexuales son organizaciones civiles sin fines de lucro, y tienen un reconocimiento en derecho civil. Esto significa que las personas se pueden reunir, pero no pueden demandar derechos como las vacaciones o los aportes jubilatorios. SINTRASEXCO consiguió tener un reconocimiento gremial ante el órgano máximo que regula el trabajo en un país: el Ministerio de Trabajo. Entonces, sus reivindicaciones quedan amparadas dentro del derecho laboral, y significa que tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador y trabajadora de Colombia.

A partir de la sentencia, L. pudo pagar los meses atrasados del alquiler de la habitación y también cuidar su embarazo. La Corte dijo que la policía del distrito y el Ministerio de Protección Social deben generar políticas públicas para garantizar los derechos de salud de las trabajadoras sexuales. A partir de 2010, hay un Estado que las reconoce como trabajadoras.

Ahora ASMUBULI va por una ley que regularice el trabajo autónomo: quieren que además de reconocerlas, el Estado sea el que regule el trabajo sexual, proponga las condiciones de salubridad donde ejercen y limite las diferentes formas de violencia que viven a diario. “No queremos que maten a una trabajadora sexual más”, dijo Fidelia Suárez.