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24/06/2015 - Secretaría Ejecutiva

Descriminalización del trabajo sexual y su impacto en la reducción de nuevas infecciones por VIH

Durante su participación en la Reunión Técnica sobre Enfoques y Metas de Prevención a 2020 en América Latina, Elena Reynaga mostró cómo para disminuir el impacto del VIH en trabajadoras sexuales es fundamental trabajar en el reconocimiento y respeto de nuestros derechos humanos.


“Descriminalización del trabajo sexual y su impacto en la reducción de nuevas infecciones por VIH”. Ese fue el título de la ponencia que Elena Reynaga, secretaria Ejecutiva de la RedTraSex realizó en la Reunión Técnica sobre Enfoques y Metas de Prevención a 2020 en América Latina, un encuentro regional destinado a acordar un conjunto de metas regionales de prevención y cero discriminación sobre VIH.

La actividad del trabajo sexual es clandestinizada en la mayor parte de los países de la región, aun cuando su ejercicio no esté penado directamente por la ley. Esto aumenta el estigma e incrementa la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras sexuales ante el VIH/SIDA.

En todos los países de la región existen normas y códigos legales que criminalizan acciones relacionadas con el trabajo sexual. Ello legitima la represión policial, la violencia institucional y la dificultad de acceso a servicios básicos de salud, incluyendo la atención y tratamiento del VIH y el SIDA.

Para disminuir el impacto del VIH en trabajadoras sexuales es fundamental trabajar en el reconocimiento y respeto de nuestros derechos humanos y en el empoderamiento como sujetas de derecho, dijo Elena Reynaga. Y comentó algunos de los logros que ha conseguido la Red y sus organizaciones en este sentido.
Comentó el caso de Girasoles (Nicaragua), en el que 18 compañeras recibieron sus credenciales de Facilitadoras Judiciales luego de haber sido capacitadas por la Corte Suprema de Justicia en leyes vinculadas con su trabajo y los conflictos a los que suelen estar expuestas.

También se refirió a que ASMUBULI (Colombia) ha sostenido encuentros con la Policía Nacional, con oficinas de Derechos Humanos y de Atención a Población Vulnerable para trabajar contra la violencia y la discriminación. Se realizaron acuerdos para realizar encuentros de sensibilización de las fuerzas policiales. También se propuso denunciar el maltrato policial a trabajadoras sexuales y trabajar conjuntamente para garantizar denuncias seguras.

La organización de Honduras está trabajando con la Policía de ese país a través de un trabajo conjunto con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Se desarrollaron jornadas de sensibilización sobre estigma y discriminación hacia las mujeres trabajadoras sexuales (MTS) logrando llegar a 219 policías de las ciudades donde más problemas hay. En ese país también se dio inicio al proceso de construcción de protocolos policiales, en los que las MTS de Honduras han tenido una participación central.

También mencionó los Talleres de Sensibilización realizados con el objetivo de disminuir el estigma y la discriminación. Alcanzamos a un total de 1.062 trabajadores de la salud hasta enero de 2015. Construimos una Guía de Buenas Prácticas de Atención de la Salud en MTS. Este material fue distribuido al personal sensibilizado y a centros de salud. Esto nos permitió firmar convenios para el trabajo conjunto con 22 centros de salud de la región.

“Hemos logrado avances significativos en el tratamiento de los medios a nuestra actividad. Ha crecido nuestra aparición en los medios como protagonistas del reclamo por la regulación. Nuestras noticias son contadas en primera persona, tenemos voz en el relato”, agregó Elena Reynaga.

Tras mencionar el impacto de que tiene nuestra Plataforma Virtual orientada a formar a mujeres trabajadoras sexuales en temas claves para sus organizaciones y pensada desde la metodología de la educación popular (hasta enero del 2015 se han capacitado 236 compañeras de 14 países) también mencionó algunos países en los que las organizaciones nacionales presentaron proyectos de ley para regular el trabajo sexual autónomo o trabajaron en proyectos para diferenciarlo de la trata y tráfico de personas.

Las compañeras de ONAEM (Bolivia) firmaron un acuerdo con el Ministerio de Gobierno y participan en el Comité que revisa la Ley 263 contra la trata y tráfico de personas. Integran comités departamentales en donde se está trabajando el tema. Han logrado importantes modificaciones para evitar que el proxenetismo o la trata sean confundidos con el trabajo sexual voluntario.

En Argentina, AMMAR presentó proyectos para regular el trabajo sexual en tres provincias –Santiago del Estero, Neuquén y Mendoza - y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RedTraSex de Perú y UNES (de Paraguay) han presentados proyectos de modificación de normativas locales de Lima y Asunción, respectivamente.

Las organizaciones y redes de la sociedad civil invitadas al Encuentro Regional son REDLACTRANS, Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas, Red de Jóvenes + y RedTraSex. Estas organizaciones tenemos mucho para decir sobre cómo alcanzar las metales globales de la Vía Rápida 90-90-90 para disminuir el VIH.