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18/09/2017 - En la prensa

Trabajadora sexual como profesión: ¿hasta dónde llegan los derechos humanos?

“Lograron hacerlo las trabajadoras domésticas”, con esa consigna las trabajadoras sexuales están buscando una resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en donde se reivindique el derecho al trabajo sexual autónomo y, por ende, que este sea incluido en las legislaciones individuales de los países Latinoamericanos, ya que aunque el trabajo sexual no está abiertamente penalizado en muchos países de la región, sí se criminaliza de múltiples formas, según denuncian quienes lo practican.

Representantes de RedTraSex comparecen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, período número 161 de audiencias temáticas, 2017.
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

“La profesión no hace buena o mala a la persona, ni tampoco la dignidad te la da el trabajo que estás ejerciendo, la dignidad la ponés vos. Hay un dicho: que este es un trabajo indigno y nosotras decimos: no es indigno… Indignas son las condiciones en las que tengo que trabajar, indigno es que el personal de salud que me tiene que atender con calidad y calidez me discrimine, indigno es que yo pague impuestos para que se le paguen los salarios a los policías y [estos] me terminen pegando”, denunció Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la RedTraSex, un colectivo con 20 años de trayectoria que afilia organizaciones de trabajadoras sexuales en 14 países de Latinoamérica.

El proceso de empoderamiento hacia esta buscada resolución de la OIT tuvo un momento clave el pasado 18 de marzo cuando consiguieron, tras cinco años de intentos fallidos, una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En esta exigieron el reconocimiento del trabajo sexual, la intervención de las autoridades competentes en cada Estado frente a la impunidad de crímenes contra trabajadoras sexuales y la atención frente a la situación de violencia institucional que las aqueja.

Y es que la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual está marcada por el dolor, según se desprende de los datos denunciados por la RedTraSex a la CIDH. Se reveló, por ejemplo, que 7 de cada 10 trabajadoras sexuales son víctimas de violencia y 9 de cada 10 sufrió esta violencia por parte de agentes estatales. A nivel de centros de salud, la violencia institucional se manifiesta a través de actos de discriminación de parte de todo el personal.

La CIDH catalogó como histórica la audiencia en un comunicado de prensa y “urgió a los Estados miembros a diseñar normativas y políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluyendo medidas para proteger su vida, su integridad, su honra y dignidad, así como para poner fin a la estigmatización y discriminación de la que son objeto”.

El ‘oficio’ que sigue dividiendo
Entre aliados y detractores, el reconocimiento del trabajo sexual se enfrenta con corrientes que tiran de la opinión pública. Por un lado, el reconocimiento del trabajo sexual podría incidir positivamente en la prevención del VIH y la lucha contra la trata humana, pero desde otro prisma, sus opositores creen que va en contra de las conquistas en materia de género, amén de no acabar con la trata. Sin embargo, todos coinciden en un aspecto: hay que dar protección a las trabajadoras sexuales de alguna forma.

El director regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, César Núñez, comentó a Equal Times que existe una importante evidencia de que la criminalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad al VIH y otras infecciones de transmisión sexual: “El temor de ser identificadas por las autoridades y ser arrestadas hace que las trabajadoras sexuales se mantengan alejadas de los servicios de prevención, tratamiento y apoyo del VIH”, puntualizó.

A juicio de Núñez, para poner fin a la epidemia del VIH para el año 2030 debe avanzarse en todo el espectro de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales, sexuales y reproductivos.

Según ONUSIDA las trabajadoras sexuales tienen 10 veces más probabilidades de contagiarse el VIH que la población general. En América Latina y el Caribe los trabajadores sexuales de ambos sexos representaron el 6% de los nuevos casos de VIH en 2014.

Para Larissa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos y género, el trabajo sexual debe ser erradicado porque está basado en estereotipos de género y la cosificación de la mujer comercializada dentro de sociedades machistas. Pese a esto, la experta cree que en una realidad en donde existe, los Estados deben buscar proteger a las trabajadoras sexuales a través políticas públicas, empoderamiento con enfoque en derechos y darles las mayores garantías posibles, entre ellas el seguro social y las garantías laborales.

¿Descriminalización o regulación, hasta dónde llega el reconocimiento de los derechos?
La Política de Amnistía Internacional sobre la obligación del Estado de respetar, proteger y realizar los Derechos Humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, de 2016, insta a que los Estados regulen el trabajo sexual “mediante leyes que se aplican a todas las prácticas empresariales o de empleo, o mediante la introducción de normativas específicas del trabajo sexual”, pero no toma una postura sobre si los Estados deben o no reconocer el trabajo sexual como una forma de trabajo.

Este documento clarifica que despenalizarlo y regularlo son temas diferentes. La despenalización busca que tengan acceso a condiciones justas de trabajo, protección y el cumplimiento de sus derechos humanos, mientras que no establece formas específicas de regulación e incluso admite que pueda ser penalizado si es en nombre de los derechos humanos.

Consultada al respecto, la OIT mantiene su distancia en el debate. En un intercambio por correo electrónico con este medio, Horacio Guido, jefe de la Comisión de Aplicación de Normas , señaló que no incumbe a la OIT tomar posición sobre si “los países deberían legalizar o no la prostitución”. Donde sí toma partido claro la OIT, añadió “es en mantener que la prostitución infantil es una violación seria de los derechos humanos y una forma intolerable de trabajo infantil (Convención n. 182); así como que el tráfico de personas (…) para la explotación sexual, es, cada vez más una preocupación a nivel internacional y requiere acción urgente para eliminarse de forma eliminación efectiva (Protocolo de 2014 para la Convención n. 29)”.

A estas referencias puntuales de la OIT al trabajo y trabajadores del sexo se añade la Recomendación n. 200 de 2010 sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo. Tanto el término de “trabajador del sexo” como de “trabajo sexual” fueron eliminados de los bocetos preparatorios porque se entendió que el texto ya incluía “a todos los trabajadores, trabajando bajo toda forma o acuerdo en todo lugar”, y a “todos los sectores de actividad económica, incluyendo los sectores público y privado y la economía formal y la informal”.

Alda Facio, del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica, también consultada sobre la posición de la ONU para esta crónica, nunca se pronunció al respecto.

Actualmente una corriente de criminalización azota a las trabajadoras sexuales debido a cuestionamientos sobre el límite entre el trabajo sexual autónomo y la trata. A criterio de ellas, esta polémica esconde la corrupción alrededor de su trabajo y también los tentáculos de las personas que se benefician de la clandestinidad.

RedTraSex denunció que las ganancias implícitas van más allá de los proxenetas y grupos organizados, pues hasta mandos altos y bajos de la policía obtienen sus dividendos. Explican, por ejemplo, que bajo el estandarte de la lucha contra la trata, los policías allanan a las trabajadoras sexuales y roban sus objetos personales y ganancias –y esto a sabiendas de que ejercen su trabajo de forma autónoma, pues bajo el funcionamiento de la trata las trabajadoras del sexo no tendrían normalmente acceso a estos bienes–. De acuerdo con esta red, habría funcionarios públicos, políticos y otras figuras involucradas en los beneficios directos e indirectos de la confusión entre trata y trabajo sexual.

Mientras unos callan y otros denuncian, Reynaga llama a la reflexión: ¿a quién le beneficia la clandestinidad?, ¿quiénes son los que se benefician de la prohibición del trabajo sexual?

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