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21/05/2019 - Mexico

Rechazamos la nueva Ley de Cultura Cívica de México porque criminaliza el trabajo sexual

La fracción VII del artículo 27 de la nueva Ley de Cultura Cívica establece que invitar a la prostitución, ejercerla o solicitar el servicio, será penado con una mults, arrestos y trabajo comunitario.

Esta normativa es contraria a los derechos establecidos en la Constitución mexicana, profundiza la criminalización y la estigmatización de las trabajadoras sexuales, y favorece el crecimiento de las redes de trata y el proxenetismo.

La Constitución establece que la Ciudad de México adoptará las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas que integran los grupos de atención prioritaria, el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, así como el derecho a la no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas. En este sentido, el trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce el derecho a realizar un trabajo digno y a su regularización y formalización en términos de ley.

Es por todo esto que solicitamos a las autoridades la revisión del inciso de la Ley de Cultura Cívica y porque el principio que rige los derechos humanos es el de la progresividad, por eso no es posible retroceder en derechos ya conquistados. Además, exigimos que se tenga en consideración la jurisprudencia como la sentencia de amparo 112/2013, del 31 de enero de 2014, en la que la Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determinó que “no hay razón constitucional alguna por la que a las y los trabajadores sexuales se les dé un trato distinto a quienes se dedican a otro oficio, en el sentido de considerarla como una infracción administrativa, ya que cuando se ejerce voluntaria y libremente por personas mayores de edad, la autoridad legislativa debe regularla, en lugar de considerarla como una infracción administrativa.” .

Por todo lo mencionado, rechazamos la normativa sancionada y exigimos al Gobierno Mexicano que dé marcha atrás en esta decisión que no hace más que exponer a las personas que ejercen el trabajo sexual a más violencia institucional, discriminación y vulneración de derechos.