Hoy, las antropólogas Cecilia Varela y Deborah Daich (UBA/CONICET) socializarán el informe “Situaciones de Violencia Institucional hacia trabajadoras sexuales”. La investigación se enmarca en una serie de estudios que lidera a nivel nacional la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina AMMAR CTA y en la región la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe, para visibilizar la vulneración de derechos que sufrimos las Trabajadoras Sexuales.

El informe de Investigación comprende un análisis riguroso sobre las normativas que inciden en el ejercicio del Trabajo Sexual y cómo éstas habilitan la violencia institucional hacia las Trabajadoras Sexuales que ejercen en espacios públicos y cerrados. A la par reúne múltiples testimonios que dan cuenta de la problemática desde las voces de las protagonistas. La presentación será hoy a las 18 horas en la Sala 1 Anexo A del Congreso (Rivadavia 1843).

Participarán como comentaristas María Rigat, directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert; Alberto Stella, titular de ONUSIDA para el Cono Sur; Christian Gruenberg, director del Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa CABA y Georgina Orellano, Secretaria General de Ammar a nivel nacional.

“En nuestro país el Trabajo Sexual no contempla un delito pero existen una serie de normativas que hacen que los derechos de las Trabajadoras Sexuales sean vulnerados. Todos los lugares donde podemos ejercer están criminalizados por políticas anti-trata y en 18 provincias siguen en vigencia códigos contravencionales que sancionan con arresto y multa el ejercicio del trabajo sexual, permitiendo la detención hasta por 30 días de nuestras compañeras. Con esta investigación logramos conocer en profundidad y visibilizar la violencia institucional a la que estamos sujetas las Trabajadoras Sexuales. De esta forma hacemos un llamado al cese de la misma y evidenciamos la vulneración de derechos a la que nos enfrentamos cotidianamente”, dijo Georgina Orellano, Secretaria General de Ammar Nacional.

Según el informe, la violencia institucional hacia las Trabajadoras Sexuales que ejercen en espacios cerrados fue habilitada a partir de la implementación de políticas anti-trata que no diferencian entre trabajo sexual y trata de personas. El despliegue de estas normativas terminó afectando y vulnerando los derechos de las Trabajadoras Sexuales, quienes empezaron a sufrir allanamientos constantes y pedido de coimas por parte de la policía para que pudieran “trabajar tranquilas”.

«En el [allanamiento] de nosotras, como no estábamos, rompieron todo, yo había dejado plata guardada que era para el alquiler, la plata se la llevaron. Revisaron todo, rompieron todo, un desastre, pero no estábamos (…) Hasta la última monedita que había se la llevaron, rompieron todos los vasos, la ropa (…) más fue el daño que hicieron. Rompieron todo (…) Yo siempre tengo un San Expedito, que le pongo plata, se llevaron todas las monedas, todas», testimonio de Trabajadora Sexual de espacio cerrado incluido en el informe.

Con relación a las Trabajadoras Sexuales que ejercen en el espacio público, la investigación da cuenta de distintos tipos de violencia institucional ejercida principalmente por parte de la policía. Entre las situaciones más comunes se encuentran el pedido de coimas para no labrarles actas contravencionales, multarlas o llevarlas presas; el hostigamiento, el pedido de favores sexuales también a modo de coima y las requisas sistemáticas.

“Hace dos o tres meses, que justo yo salí del bar y crucé, solamente uno [un policía] que me dijo: “te voy a dejar parar ahí todas las tardes pero después, más tarde, pasas conmigo gratis (…) yo le dije que no”, testimonio de Trabajadora Sexual del espacio público incluido en el informe.

En Argentina el Trabajo Sexual no es ilegal pero tampoco está regulado, existe un vacío normativo que incide en la vulneración de derechos hacia las Trabajadoras Sexuales. En este marco, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina reclama por una regulación que garantice los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Además, pide una Ley que regule el Trabajo Sexual Autónomo y proteja su ejercicio.